El Senado solicitó al Tribunal Superior Agrario que le informe sobre los juicios en trámite y las sentencias que han condenado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que encabeza Rosario Robles, a pagar, por lo menos en dos casos, 851 millones de pesos.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, en conferencia de prensa destacó que a petición de Morena, por unanimidad los ocho coordinadores parlamentarios representados en esa cámara solicitaron al Tribunal Superior Agrario información sobre los asuntos que se han ventilado y en los que presumimos hay o puede haber tráfico de influencias o vinculación con despachos para perder los juicios, en detrimento del erario.

También, el Senado solicitó a Rosario Robles que informe respecto de los medios de impugnación que haya interpuesto la Federación, por conducto de dicha secretaría o de la Procuraduría General de la República, su estado procesal y, en su caso, el sentido de lo resuelto.

Además, que detalle la relación de sentencias en las que se condena a esa dependencia al pago numerario o de superficie, que hayan adquirido firmeza jurídica y aquellas en las que aún están en trámite los medios ordinarios y extraordinarios de defensa interpuestos y su estado procesal.

Monreal, al término de la reunión de la Jucopo, dijo que también al Tribual Superior Agrario se le solicitó información de las sentencias concretas y los juicios en trámite que están relacionados con la Sedatu, y que precise su estado procesal, los montos demandados y las superficies que comprenden.

Esto, subrayó el también coordinador de los senadores de Morena, tiene que ver mucho con pagos en donde se allanan las autoridades, no interponen recursos y dejan condenado al Estado mexicano a pagar cantidades exorbitantes, sin que la Sedatu o el tribunal puedan cuidar el patrimonio de la nación.

Se refiere, agregó, a juicios en propiedades en bosques, tierras ejidales, en agua, en terrenos nacionales. Hoy el Senado tiene que hacer su función de contrapeso y exigir rendición de cuentas a los tribunales.

Monreal dijo que se analizó un punto de acuerdo en el cual en sólo dos asuntos hay condenas para el Estado, a través de la Sedatu, por 851 millones de pesos, y uno más en el que el pago sujeto a determinación del valor es de 3 mil hectáreas.