Como parte del combate a la corrupción y a la millonaria evasión fiscal, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) y diputados federales de Morena coincidieron en que deben realizarse reformas legales contra empresas fantasmas; asimismo, plantearon que sean considerados delitos graves y de delincuencia organizada, así como penalizados con 10 años de prisión, la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, informó el organismo.