La falta de coordinación entre las diversas instancias gubernamentales encargadas de buscar a las personas desaparecidas está provocando que los familiares de algunas víctimas lleguen al extremo de interponer amparos en contra de herramientas legales supuestamente destinadas a ayudar en la búsqueda de sus seres queridos.

Así lo advirtió Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, quien lamentó que el funcionamiento ina-decuado de esos organismos lleve a las familias a pelear en contra de ciertas partes de leyes que ellos mismos ayudaron a crear.

En entrevista con La Jornada, la activista recordó que el origen del actual conflicto es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en julio pasado, del protocolo homologado de búsqueda de desaparecidos, elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque dicho protocolo cumple con varios aspectos técnico-jurídicos necesarios, afirmó la activista, en la práctica resulta un documento incomprensible para los familiares, debido a que éstos no tuvieron la oportunidad de analizarlo antes de su publicación.

Además, tampoco fue puesto a consideración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), como determina la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares.

Lo anterior, consideró Valentina Peralta, es el resultado de la falta de coordinación entre la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y la propia CNBP, las cuales trabajan de manera separada.

La fiscalía mencionada, explicó, afirma que su única responsabilidad es determinar cómo ocurrió una desaparición y saber quién es el responsable, pero no hacer diligencias de búsqueda de campo, argumentando que ese es trabajo de la CNBP, a sabiendas de que este organismo apenas está en proceso de creación.

El hecho de que ambas instancias realicen indagatorias divididas, en vez de funcionar como las dos piernas de un mismo cuerpo, ha hecho que las familias se queden en una especie de limbo jurídico, sin que ninguna autoridad las ayude a encontrar a sus seres queridos.

Molestas por dicha situación, al menos tres familias han presentado amparos en contra del protocolo homologado de búsqueda de la PGR, los cuales ya fueron admitidos por un juzgado federal. Lo anterior abriría la posibilidad de que se anule la publicación y vigencia de ese documento y se reponga su elaboración.

Esta situación de que (la fiscalía especializada y la CNBP) no trabajen de la mano nos lleva al punto de que las víctimas se hayan amparado contra un protocolo surgido de la misma ley que las familias impulsaron. Es muy penoso que quienes anhelan más que nada buscar a sus seres queridos, tengan que inconformarse con las leyes que deberían servir para ayudarlos, expresó.