Cuernavaca, Mor., En el gobierno de Graco Ramírez se disparó la cifra de secuestros. De octubre de 2012 a julio de 2018 se contabilizaron 422 casos, contra 135 durante todo el gobierno de su antecesor, el panista Marco Antonio Adame Castillo, lo que representa un incremento de 212 por ciento.

En su campaña por la gubernatura, el perredista prometió acabar con la violencia y la inseguridad en 18 meses, para lo cual impuso el mando único policiaco y destinó inversiones millonarias a este esquema, encabezado por el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Alberto Capella Ibarra.

Sin embargo, cinco años y 10 meses después, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en Morelos se cometieron 5 mil 555 homicidios, 3 mil 296 de ellos dolosos y 2 mil 259 culposos.

La cifra es similar a la reportada en la administración de Adame Castillo, con 5 mil 567, la mayoría culposos, a diferencia de lo ocurrido en la actual administración.

Los 5 mil 555 homicidios perpetrados en la gestión de Ramírez equivalen casi la mitad de la población del municipio indígena de Totolapan, que tiene 10 mil 12 habitantes, y quintuplican la de la comunidad indígena de Huexca, municipio de Yecapixtla, que cuenta con 912 residentes.

En esta gestión se han denunciado 114 mil 814 robos (violentos y no violentos) a casa habitación, negocio y de vehículo, contra 104 mil 239 en el gobierno de Adame.

En la presente administración, según el SNSP, se denunciaron mil 109 casos de extorsión y 10 mil 228 fraudes.

Según el gobernador perredista, con el mando único Morelos dejaría de ser territorio de delincuentes, como en las administraciones panistas y priístas.

En los primeros meses de 2013 el mando único coordinado se instauró en algunos municipios que estuvieron de acuerdo.

Pero después de 2014, cuando Capella Ibarra se hizo cargo de la CES, y sobre todo después del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, en enero del 2016, el mando único fue impuesto, incluso por decreto de Ramírez, como sucedió en Cuernavaca.

Uno de los proyectos de seguridad más costosos, según el gobierno estatal, fue el centro de coordinación, comando, control, comunicaciones y cómputo (C-5), inaugurado en noviembre de 2014, con una inversión de 911 millones de pesos. Además, se construyeron tres cuarteles policiacos.

A petición del gobernador, la 52 Legislatura aprobó quitar a los 33 municipios 5 por ciento de las participaciones federales de seguridad, con el argumento que el gobierno estatal aplicaría el mando único coordinado, que finalmente quedó como mando único.

Anteriormente se entregaba a los 33 ayuntamientos alrededor de 25 por ciento del presupuesto del estado, pero después de la reforma al presupuesto de 2013 sólo se les repartía 20 por ciento.

Ese recorte representaba para el municipio de Ayala unos 13 millones de pesos, pero para Cuernavaca equivalía a 100 millones, recursos que quedaron en manos del gobierno del estado y de la CES.

El incremento de los secuestros y otros crímenes en la entidad detonó el surgimiento de guardias comunitarias y autodefensas en al menos 25 comunidades de 12 municipios de tres regiones de Morelos,

Líderes de ese movimiento han asegurado que ante la estrategia ‘‘fallida’’ del mando único, el ‘‘hartazgo social’’ y el ‘‘vacío de autoridad’’, decidieron organizarse para proteger a sus comunidades del crimen organizado.