Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno federal prometió agotar todas las líneas de investigación en el caso para esclarecer el paradero de los jóvenes normalistas y procurar el castigo a todos los responsables. Al mismo tiempo se manifestó en contra de la creación de una comisión de la verdad, como lo ordenó un tribunal colegiado.

La CIDH solicitará información al gobierno de asuntos pendientes, con la finalidad de que el mecanismo de seguimiento de esta comisión presente su informe final en noviembre próximo.

En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, se indicó que funcionarios de alto nivel de la PGR han actualizado la información sobre el seguimiento al cronograma de trabajo con la CIDH en torno a este caso de desaparición ocurrida en septiembre de 2014.

En este plan se destacan asuntos relacionados con la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes, investigaciones en torno al posible papel de funcionarios federales, acciones de búsqueda y el seguimiento a las solicitudes de asistencia jurídica mutua formuladas al gobierno de Estados Unidos, entre otros.

Respecto de la sentencia emitida por un tribunal colegiado para ordenar la creación de una comisión de la verdad, el gobierno explicó ante la CIDH los posibles efectos que podrían alterar el orden constitucional mexicano. El asunto se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, reconoció la intervención de la CIDH.

Al referirse al agravio en perjuicio de las víctimas, los padres de familia y a la sociedad mexicana en su conjunto, consideró que la finalidad es la misma tanto de las autoridades como los familiares: hacer justicia y evitar la repetición de hechos tan lamentables.

La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México de la CIDH, reconoció la colaboración del gobierno federal, en atención al cronograma de trabajo establecido, al tiempo de formular nuevas solicitudes de información a la representación gubernamental, se informó en el boletín del gobierno mexicano.