La ejecución de 113 actores políticos durante las pasadas elecciones en México convirtieron el proceso en uno de los más violentos de la región en el pasado reciente, sostuvo Brenda Santamaría, jefa de la sección de observación comicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Si bien reivindicó la exitosa organización, la participación ciudadana y la profesionalización de las autoridades, destacó la necesidad de esclarecer los asesinatos para inhibir esta práctica a futuro.

Durante la presentación de los informes de las misiones internacionales de observación del proceso, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, reveló que en los días previos a la jornada, el instituto recibió algunos de los ataques informáticos más graves de la historia de la institucionalidad, no solo electoral, me atrevo a decir de la institucionalidad pública, los cuales fueron infructuosos.

Evitar impunidad en asesinato de políticos

En entrevista posterior aseguró que las dimensiones del ataque pueden medirse en muchos gigas para tratar de provocar la denegación del servicio. No voy a entrar en detalles porque es cuestión de seguridad nacional. El INE se preparó para impedir que estas operaciones impactaran en el proceso.

Al abundar en torno a las conclusiones de la observación de la OEA, Santamaría señaló que ante el recrudecimiento de la violencia durante el proceso, la Secretaría de Gobernación reforzó la presencia de la Policía Federal en las entidades de mayor incidencia y se fortaleció la seguridad de los candidatos. Sin embargo, demandó sancionar a los responsables de los homicidios, perfeccionar las capacidades del Estado para combatir los actos ilícitos y reducir los incentivos para delinquir.

Con la presencia de Patricio Santamaría, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales; Armando Peschard, y de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, Carlos Valenzuela, del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, destacó la capacidad institucional de organización de comicios, aunque lamentó las percepciones sociales distorsionadas de su desempeño.

Sin embargo, señaló también la violencia como el factor negativo que prevaleció en la elección; dijo que si bien su origen no está en sí mismo en la dinámica comicial, el recrudecimiento del activismo del crimen organizado impactó directamente el proceso. Destacó que este contexto no afectó la capacidad de organización de las autoridades del sector ni la participación ciudadana en las urnas.

Córdova no obvió el tema y reconoció la urgencia de que la violencia y la seguridad sean atendidos por las autoridades competentes para evitar que la agudización de los conflictos sociales dañe aún más el pacto social y contamine la recreación de la democracia. La violencia no fue algo que se provocó por el proceso electoral, sino que es un lamentable contexto que aqueja y lastima todos los ámbitos de la vida social. El proceso electoral tuvo que desplegarse en ese contexto, que lamentablemente ya estaba ahí y por desgracia sigue presente.