El jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva Gálvez, reconoció la determinación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de convalidar la potestad que tuvo la Asamblea Constituyente para crear en la Constitución Política de la Ciudad de México un cuerpo normativo de derechos humanos para los capitalinos.

Entrevistado al regresar a sus oficinas luego de acudir a la sesión del pleno de la Corte en la que se discuten las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra diversos preceptos de la Constitución local, el mandatario capitalino resaltó que al determinar que no tienen sustento los argumentos de la Procuraduría General de la República (PGR) para controvertir la regulación en materia de derechos humanos, estamos hablando de los artículos 4 al 14 del texto constitucional, significa que el Congreso de la Ciudad de México podrá legislar sobre esos temas.

Explicó que si bien se hará aún el análisis de cada uno de los derechos contemplados, como son el relacionado con el uso medicinal de la mariguana; el relativo a derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a la muerte asistida, en lo que se refiere a la competencia que tuvieron los constituyentes para legislar, si bien hubo diversas manifestaciones de los ministros, la conclusión a la que llegaron por unanimidad fue que sí contaban con esa facultad.

Amieva confió en que esta discusión, que estimó se prolongará hasta la próxima semana, los ministros harán un trabajo que permitirá determinar los alcances precisos de la Constitución de la ciudad.

“De acuerdo con lo que he presenciado –este lunes y martes–, es una riqueza de opiniones y de consideraciones jurídicas muy amplias entre todas y todos los ministros, cada uno tiene un pensamiento muy particular sobre los temas que se están tratando, pero retomando los aspectos coincidentes de sus argumentos para llegar a este tipo de decisiones conjuntas, por unanimidad.”

Amieva informó por otra parte que se acordó con las jefaturas delegacionales generar una bolsa inicial de 70 millones de pesos para laudos cuyo pago se considere urgente por estar en incumplimiento y que pudiera derivar en destitución por desacato, como ocurrió en noviembre pasado con el delegado de Venustiano Carranza, Israel Rivera Moreno.

En una reunión que sostuvo antenoche acompañado de funcionarios de su gabinete con los titulares de las demarcaciones territoriales, dijo que se convino, además, en intercambiar información sobre los problemas de seguridad específicos en cada delegación, así como de los operativos que se realizan y sus resultados, y se revisaron también los avances en la reconstrucción y la necesidad de un plan de reforzamiento de inmuebles construidos antes de 1985.