La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno de Estados Unidos implementar medidas cautelares en favor de 572 migrantes menores de edad que han sido víctimas de la política tolerancia cero implementada por la administración de Donald Trump, con la cual se ha separado a cientos de familias.

El objetivo de estas medidas, dadas a conocer ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es proteger a los menores migrantes de los tratos crueles e inhumanos a los que han sido sometidos como consecuencia de la política migratoria del gobierno estadunidense.

El organismo interamericano dio 10 días a la administración de Trump para que le informe sobre la adopción de la protección a estos menores de edad y para actualizar periódicamente dicha información.

Ordenó adoptar medidas necesarias para la protección a los derechos de la vida familiar, la integración personal y a la identidad de los beneficiarios propuestos, particularmente asegurando que esos derechos sean resguardados mediante la reunificación de las menores de edad con sus familiares o sus padres biológicos y en apoyo del interés superior de los niños.

Se busca proteger los derechos humanos “que resultan imprescindibles para que los infantes disfruten de una calidad de vida apropiada, como son sus derechos a la integridad personal, la salud, la familia y la libertad personal.

“Estos derechos humanos deben ser protegidos especialmente ante la situación inhumana en que se encuentran los hijos e hijas migrantes, luego de haber sido separados de sus familias como consecuencia de la política ‘tolerancia cero’. Más aún, tomando en consideración que las crueles condiciones en que se encuentran podrían generarles afectaciones a su integridad física y sicológica”.

Mientras se lleva a cabo la reunificación familiar, la CIDH ordenó que el gobierno estadunidense adopte las medidas necesarias para garantizar inmediatamente la comunicación libre y regular, apropiada entre los beneficiarios y sus familiares conforme a su mejor interés.

El otorgamiento de estas medidas cautelares es producto de la alianza de seis instituciones defensoras de los derechos humanos de la región, quienes por primera vez se unieron para solicitar dicha protección y sentaron un importante precedente. Se trata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.