l sábado pasado, policías estatales de Chihuahua realizaron un desalojo violento contra indígenas rarámuris de la comunidad La Laguna, municipio de Bocoyna, quienes bloqueaban el sitio donde se encuentra una válvula del gasoducto El Encino-Topolobampo, propiedad de TransCanada. Durante el operativo se hizo uso excesivo de la fuerza y se detuvo ilegalmente a 15 ejidatarios, quienes fueron liberados al día siguiente. A raíz de estos actos de fuerza de la administración del panista Javier Corral, desde el lunes se instaló un plantón frente al palacio de gobierno en exigencia de que los policías estatales salgan de la comunidad, así como en denuncia de que los efectivos nada hacen ante las actividades del crimen organizado que azotan a toda la región.
De acuerdo con los indígenas de la sierra Tarahumara que protestan desde junio pasado contra la instalación del gasoducto que fue puesto en operación hace un mes, la empresa realizó una consulta simulada para lograr la aprobación del proyecto, negoció con caciques para pagar cantidades irrisorias por los terrenos ocupados, e incumplió sus compromisos de mitigación ambiental e indemnización por las actividades económicas que los habitantes deben abstenerse de efectuar en las inmediaciones del ducto que atraviesa y divide sus territorios. Desde octubre pasado solicitan una reunión con directivos de la empresa; hasta ahora han sido ignorados.
TransCanada es una gigantesca compañía que integra el transporte de hidrocarburos con el uso de éstos en plantas de generación de electricidad; fue la primera compañía privada en operar gasoductos en México y actualmente cuenta con una red de más de 91 mil kilómetros de ductos de gas natural en América del Norte. No es ajena a los conflictos con pueblos indígenas cuyos territorios se atraviesan
con los terrenos donde la trasnacional decide desplegar sus negocios: desde hace más de dos años ha estado en la mira a escala internacional por su pretensión de construir el oleoducto Keystone XL sobre la reserva y sitio sagrado sioux de Standing Rock, en Dakota del Norte.
Dado el historial de agresiones contra los habitantes indígenas de la sierra Tarahumara, donde el año pasado fueron asesinados los activistas ambientalistas Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro, es imperativo que el gobierno estatal deponga la actitud desdeñosa y confrontativa hacia las comunidades rarámuris y, en cambio, asuma su deber de garantizar la plena vigencia de los derechos colectivos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la trasnacional.
