En la asamblea ejidal

Entre ejidatarios y posesionarios: la lucha por la tenencia de la tierra. FOTOS: Svenja Schôneich

Svenja Schôneich

Entrando a la “casa del campesino”, lugar donde se celebra la asamblea, mis ojos se relajan inéditamente por la sombra dentro de la sala, mostrando el fuerte contraste del sol que brilla con intensidad en el norte de Veracruz. Mientras me siento en una de las bancas, siento como se desliza el sudor por mi cara y trato de encontrar una posición en que me alcance la brisa ligera de uno de los ventiladores. Apenas son las nueve de la mañana, cuando la gente se junta para comenzar la asamblea, pero el calor ya se muestra bastante intenso. También se pondrá intensa la discusión entre los posesionarios y los ejidatarios que está por empezar.

Desde hace varios años han habido tensiones frecuentes en el ejido por los derechos y las responsabilidades de los diferentes grupos que mantienen la tenencia de la tierra. En estas reuniones se refleja no solamente la estructura social de la comunidad, sino primordialmente los resultados de la reforma agraria, transformando el ejido gobernado por la asamblea en propiedad privada.

Cuando se estableció el concepto del ejido, con base en la constitución de 1917, las tierras expropiadas fueron retribuidas a grupos de agricultores, dotadas de una figura comunal y debían ser usadas de manera colectiva, trabajando parcelas establecidas por uso y sin título oficial para el individuo. Su administración requería un cuerpo de gobierno llamado el comisariado ejidal, el cual se consignaba por voto en las asambleas ejidales. Estas asambleas constituían desde su institución el corazón de la gobernanza de las tierras comunales en las áreas rurales de México. Las reglas de gobernanza prohibieron la venta de tierras, los contratos de alquiler y el préstamo de tierras a personas ajenas.

En la asamblea se discutían todas las dudas y los conflictos dentro de la comunidad ejidal, la participación de todos los ejidatarios de manera equitativa tenía por objetivo facilitar una cierta autonomía de la comunidad con respecto al manejo de su ambiente y los recursos de la tierra. La asamblea ejidal fue un instrumento de gobernanza que permitía a la comunidad tomar sus propias decisiones políticas, relacionadas con su forma de vida.

En 1992 una contrarreforma revisaba las reglas de la administración del ejido. Se redujo el requisito de priorizar el fin agrario de la tierra dotada, legalizó los contratos de alquiler y las ventas internas de tierras. Pero, ante todo, la reforma proporcionó el marco legal para la privatización de las tierras. El programa de registro de tierras (Procede) que se estableció con la reforma no solamente determinaba los límites exactos de un ejido, sino que definía la división interna de tierras entre los ejidatarios individuales. Una vez certificado, el ejido podría decidir convertir sus tierras en propiedad privada, la cuál se podía vender a terceros, con la consecuencia de que la asamblea ejidal poco a poco perdió el poder político que tenía dentro de su comunidad.

Las tensiones son resultado de la reforma agraria de los años 90.

Varios ejidos hoy en día ya concluyeron ese proceso, pero no todos, como el ejido de la comunidad en que se encuentra la mencionada “casa del campesino” en la que ahora más de 100 personas sufren por los fuertes calores de la costa del Golfo de México. Después de tres horas de debate, el salón parece un horno. Casi 90 posesionarios aquí siguen demandando títulos oficiales a apenas 50 ejidatarios, pero eso no se puede arreglar tan fácilmente por el hecho de que el proceso de “Procede” todavía no ha concluido.

Actualmente la comunidad se encuentra en el tercer intento, pero los conflictos sobre la extensión exacta de parcelas han evitado la conclusión del proceso. Teoréticamente, las asambleas ejidales son todavía la primera instancia de gobierno de las tierras en la comunidad, pero prácticamente el número de posesionarios en contraste al de ejidatarios cuestiona su autoridad dentro de un marco democrático.

Las tierras del ejido en teoría no deberían ser vendidas antes de concluir el proceso oficial de división de las parcelas, pero muchos de los ejidatarios ya las vendieron – con la aprobación de la asamblea-. Actualmente el asunto se encuentra en un estado intermedio entre tierras comunales y propiedad privada. Los levantamientos y reglamentaciones oficiales del programa no han conseguido solucionar los problemas. Hoy todos se han reunido aquí para decidir estos asuntos de la única manera practicable en la comunidad desde sus orígenes: en una asamblea.

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