Costa Chica: defender
el territorio conversando

Miguel Ángel Mijangos Leal Integrante de Procesos Integrales para la Autodeterminación de los Pueblos A.C. (PIAP) /REMA

En la Costa Chica y la Montaña todos los pueblos asumen e implementan la misma estrategia para la defensa del territorio. FOTO: Miguel Ángel Mijangos

La clase política que opera en la era globalizada ha impuesto, a través de reformas a la constitución, leyes y reglamentos, una serie de ventajas para que el capital privado obtenga en el menor tiempo posible la mayor ganancia posible. Se trata de un modelo económico que se establece a través de un recurrente discurso: hay que alcanzar la modernidad que ayudará al pueblo a lograr el “progreso y desarrollo” con el cual desaparecerá la pobreza en que vive la mayor parte de la población.

Desde hace años está ampliamente documentado que este modelo económico de despojo es aceitado a través de tratados comerciales elaborados en función del poder hegemónico, ajenos en el diseño, construcción e implementación a la discusión social, con la participación de un aparato legislativo que incorpora leyes, reglamentos y otras rutas que garantizan la “sana y conveniente” operación empresarial, aun cuando de forma abierta violente y viole los derechos humanos colectivos e individuales, incluso en desacato del marco constitucional, llegando a proteger hechos que dañan la salud y al ambiente, los cuales no pasan de recibir llamadas de atención, recomendaciones o propuestas de “resarcir” daños, sin que se les prohíba su actividad.

El contexto político del modelo extractivo es muy claro: en México y en Latinoamérica el saqueo de bienes naturales ha sido legalizado para un mercado especulativo protegido por aparatos de fuerza y “procuración” de justicia, facilitando la total impunidad. Esta “regularización” del despojo exacerbó la disputa del territorio, por lo que no sorprende que los pueblos expresen su desacuerdo por medio de luchas y resistencias cuya causa es la defensa de la vida, en especial, de la vida comunitaria que se refrenda en el quehacer cotidiano de la comunidades indígenas y campesinas, que históricamente han construido un vínculo con la tierra, los bienes naturales y el territorio, fundamentado en diferentes expresiones que van desde la construcción de una identidad, hasta el desarrollo de aspectos culturales complejos relacionados con su entorno, desde el inframundo, la tierra y el cosmos.

Defensa montañera

Parafraseando a Francisco López Bárcenas, México es uno de los países que tienen el mayor número de campesinos con tierra en el mundo: 54% del territorio nacional se encuentra en manos de ejidos y comunidades agrarias; ejidatarios y comuneros son dueños de la tierra, son sujetos de derecho. Si a esta condición le incorporamos el derecho colectivo que hace referencia a los pueblos indígenas, entonces se trata de mujeres y hombres con derechos especiales, definidos por reiteraciones de gobernanza local, para muchos conocidas y determinadas bajo la lógica de los usos y costumbres. Esta particularidad de los pueblos indígenas y campesinos en México hace que el despojo pretendido u ocasionado por el modelo extractivo se enfrente a una forma de vivir totalmente diferente a sus intereses, se trata de una disputa por posiciones, visiones y proyectos que no se pueden alinear porque son inalienables.

Una resistencia que poco a poco se consolida como emblemática tanto en el estado de Guerrero como en México, se da en las regiones de Montaña y Costa Chica del mismo estado. Ahí, pueblos indígenas saben que sólo como pueblo y como pueblos podrán enfrentar esta nueva etapa de saqueo desmedido e impune, y lo están haciendo de la forma en la que siempre han resistido los procesos de colonización que les han impuesto: conversando entre todas y todos, intercambiando ideas e información, aprovechando las experiencias de otros, tomando decisiones y haciendo uso de los recovecos que persisten tanto en el derecho positivo como en el derecho original o consuetudinario.

Como pueblo o localidad se han unido para platicar y compartir información en asambleas ciudadanas y agrarias, como pueblos indígenas han seguido la misma lógica, pero agregaron algo muy importante: todos los pueblos deben asumir e implementar la misma estrategia para la defensa del territorio, lo que no limita la diversidad de ideas y acciones que implementan los movimientos sociales, pero en este caso, trasciende cómo relevante consensuar cuáles son las estrategias y acciones eficientes y efectivas para defender el territorio sin entrar en procesos de mucha movilización o de peticiones ante políticos que los desgastan en una lucha larga en tiempo, al mismo tiempo que cada acción debe necesariamente servir para que los fortalezca en colectivo, por lo tanto, el primer paso fue transitar por un largo proceso de intercambio de información sobre el modelo extractivo y luego reforzar el proceso informativo sobre los cómo y con qué iniciativas defenderse, que al mismo tiempo sirvieran para mejorar la organización local y regional. Priorizaron las acciones más pertinentes, de la diversidad que se genera durante cualquier discusión colectiva, para ser utilizadas por todas y todos de forma organizada; se agrupan en dos grandes rubros: 1. acciones legales y 2. acciones jurídicas.

Aunque parecieran lo mismo, en la discusión montañera son totalmente diferentes: en las acciones legales se refrenda el ejercicio del derecho para que quede como un hecho manifiesto ante el poder gubernamental y empresarial, con este ejercicio se hace explícito lo ya determinado en algunas leyes, así como en convenios y tratados internacionales sobre pueblos indígenas. Lo anterior reivindica los principios y procesos de libre determinación, autonomía y autogestión.

Por otra parte, las acciones jurídicas van dirigidas a buscar la exigibilidad de los derechos, deben ser litigadas en juzgados, presentar pruebas y reforzar una discusión que enarbole los preceptos constitucionales que han sido violados, lo que orilla a las comunidades a vincularse y trabajar con abogados; es un derecho “cedido” que se juega en otra plataforma. Un ejemplo es el amparo de San Miguel del Progreso, comunidad de la Montaña de Guerrero, sólo presentado por esta comunidad, pues se acordó evitar que fuera replicado como estrategia regional, al menos hasta ahora.

Considerando lo anterior, en pleno ejercicio de su derecho, todos los núcleos agrarios y anexos de las regiones Montaña y Costa Chica que enfrentan el peligro de proyectos extractivistas, acordaron realizar actas de asamblea y trabajo de actualización en el estatuto comunitario o reglamento interno, apoyados en el pequeño margen que les proporciona la ley agraria –y otras leyes relacionadas- y en lo que dicen convenios y tratados internacionales sobre pueblos indígenas reconocidos por la Constitución mexicana.

Este proceso dialógico ha trascendido como estrategia regional porque las comunidades decidieron formar una estructura que diera orden y seguimiento a todo lo acordado; El “Concejo de Autoridades Agrarias de las Regiones Montaña-Costa Chica, en Defensa del Territorio y en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biosfera”, está ultima utilizada por el gobierno para ir penetrando y fragmentando a las comunidades a través de la falsa promesa de la protección ambiental, el pago de servicios ambientales y la delimitación de reservas de conservación voluntarias.

El Concejo se integra por más de 30 ejidos y comunidades que desde el 2012 han emprendido un fuerte proceso organizativo para defender el territorio del despojo del modelo extractivo. Lo hacen de forma permanente en toda la región de la Montaña y Costa Chica y cada vez son más los núcleos agrarios y municipios que se les unen. En esta zona las empresas mineras y el gobierno llevan perdida la batalla, al menos hasta la fecha, pues ya han sido canceladas 50% de las concesiones que había entregado, aunque este tema empieza a ser menos importante para los pueblos, porque lo más importante para las mujeres y hombres que integran el Concejo es la libre determinación que se fortalece a partir de continuar platicando y acordando una agenda regional para la defensa integral del territorio.

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