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La mañosa consulta
Leonardo Bastida El ala más grande de una abeja mide, en promedio, menos de 10 milímetros, es decir, no alcanza ni un centímetro de longitud. A pesar de lo pequeño de las dimensiones de sus alas, estos insectos son capaces de volar, por lo menos, dos kilómetros a la redonda de las flores donde se paran para extraer su polen y alimentarse, aunque algunos estudios han mostrado su capacidad de sobrevolar hasta 10 o 12 kilómetros. Esto lo hacen de manera regular durante la primavera y el verano para producir suficiente miel y subsistir durante el invierno, época en que las flores escasean y deben agruparse para subsistir a los fríos. La calidad de esa miel depende del polen recolectado durante la etapa más calurosa del año. A lo largo de los siglos, en la península de Yucatán, la miel de la abeja maya o melipona, una especie del insecto caracterizada por no tener aguijón, se ha hecho famosa por sus cualidades nutricionales y las propiedades curativas asociadas a la misma, muchas de ellas resguardadas por centurias al interior de las comunidades mayas de la zona. Además de que esta miel, cuidadosamente extraída, cumplía con los requisitos de mercados internacionales como el europeo para ser comercializada bajo la etiqueta de producto orgánico debido a que en su contenido no se hallaba el polen de plantas rociadas con insecticidas u otros químicos. Sin embargo, el mar verde característico de las planas tierras peninsulares, de donde estos insectos extraen su alimento, ha comenzado a contraerse en los pasados seis años, ante la tala de grandes áreas de vegetación para introducir ganado o cultivos como el de la soya con semillas genéticamente modificadas, una situación que ha roto con el ecosistema habitual y el entorno en el que milenariamente los pueblos mayas han criado a estas abejas. A diferencia de otras decisiones tomadas en las comunidades mayas de Campeche y Yucatán, en las que se escucha la voz del pueblo, la permisividad hacia estos cultivos provino de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las cuales no tomaron en cuenta a las poblaciones del lugar ni las posibles afectaciones a una de sus principales actividades económicas, la apicultura, así como a su cultura y su entorno. Algunos estudios, entre ellos uno elaborado por El Colegio de la Frontera Sur, han mostrado que la miel de las abejas residentes en los alrededores de campos de soya transgénica contiene un porcentaje de polen de las flores de las mismas, reduciéndose su calidad y perdiendo el reconocimiento de ser un producto orgánico, impidiendo su venta en mercados internacionales. La transnacional beneficiada con los permisos fue la entonces llamada Monsanto, hoy fusionada con laboratorios Bayer, a la cual se le asignó el uso de miles de hectáreas para sus cultivos. Entretanto, las comunidades afectadas interpusieron una serie de recursos legales para evitar la presencia de estos cultivos en la zona, pero no tuvieron éxito. El recurso legal llego hasta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revocó dichos permisos al considerar que a los pueblos afectados se les negó la posibilidad de “ser consultados, mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe a través de sus representantes,”, un estatuto incluido dentro de la Ley de Planeación, y respaldado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ambos derivados del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que establecen que al realizarse, una consulta a pueblos y comunidades indígenas, esta debe hacerse previo a la toma de decisiones que los pueden afectar; tiene que ser libre, sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo; informada, con conocimiento suficiente y amplio del asunto a consultar, proporcionando información comprensible y en el idioma del pueblo o comunidad, y realizarse de buena fe, como un diálogo genuino entre ambas partes, con respeto y el deseo sincero de llegar a un acuerdo. Para que se cumplan los objetivos de la misma, la consulta se divide en cinco etapas: fase de acuerdos previos, en la que se establecen los cánones de cómo se llevara a cabo la consulta; la fase informativa, durante la cual se explica a las comunidades en qué consistirá el proyecto; el periodo de deliberación, momentos en que la comunidad y los representantes del proyecto debaten sobre la implementación del mismo, pudiéndose realizar ajustes al mismo; la fase consultiva, etapa en la que se recopilan las opiniones de la comunidad para determinar si se autoriza el proyecto o no, y el periodo de ejecución y seguimiento de acuerdos, en el que se supervisa la implementación del proyecto o el retiro por parte de las empresas, en caso de que se haya rechazado. A pesar de que la Corte obligaba a que se llevará a cabo dicha consulta, a casi dos años de la resolución, esta no ha comenzado y los cultivos no han sido modificados ni desechados. Por el contrario, se han extendido sin importar el veredicto ni la voluntad de las comunidades. ¿Limpieza?
Las enormes aspas de los molinos, alguna vez descritas por el literato clásico español, Miguel de Cervantes Saavedra en su obra Don Quijote de la Mancha, como los brazos y manos de un gigante, que salen a la luz en la carretera que recoge la estrecha franca ístmica de Tehuantepec de norte a sur, de Veracruz a Oaxaca, indican que se está cruzando la zona de La Ventosa, haciendo honor a su nombre con ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora. Debido a que en este punto de la delgada franja mexicana sopan los aires del golfo de Tehuantepec, con tal fuerza que pueden voltear un camión de carga, se ha convertido en un espacio prolífico para la instalación de plantas de energía eólica, muchas de ellas, sobre terrenos en cuyo suelo se plantaban algunos productos vegetales. Hace un cuarto de siglo, consorcios españoles comenzaron a tratar de construir sus plantas en el lugar bajo enormes cuestionamientos hacia el uso de los terrenos para la industria de las energías limpias. A fin de solventar las diferencias, en 2014 se decidió implementar una consulta en Juchitán de Zaragoza, población emblemática del istmo oaxaqueño, y una de las que mayor cantidad de terrenos ha aportado a los parques eólicos, veinte años después de la inauguración del primer complejo energético. Su objetivo era ampliar la extensión de los parques. Como se denunció en varios medios de comunicación, en este proceso se reportaron actos de intimidación hacia quienes no apoyaban el desarrollo del proyecto. Algunos reportes indican que a lo largo de los meses que duro la consulta, se perpetraron 31 actos de violencia. También se observó que los permisos otorgados para la construcción del parque entraban en vigencia mientras se realizaba la consulta, la cual, culminaba durante el período de campañas electorales de 2015, situación que impedía la toma de una decisión certera y libre de presiones. Por esas razones, los pueblos zapotecos de la zona se han negado a avalar dicha consulta y han alertado a otras comunidades sobre las maneras en que se están llevando a cabo estos procesos. A menos de media hora de distancia, en Unión Hidalgo, se ha intentado realizar un proceso similar para conseguir la autorización para la construcción de otro parque eólico. Varios integrantes de la comunidad lo han cuestionado debido a que la consulta comenzó durante las pasadas campañas electorales, cohesionándose la autonomía y legalidad del proceso.
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