Durante las campañas, alrededor de 30 millones de personas (33.5 por ciento de empadronados) recibieron ofertas de dinero, despensas, tarjetas, inscripción a programas sociales a cambio de que voten por un candidato, o la amenaza de retirarles este beneficio, pero la mitad de ellos las rechazaron, informó Accion Ciudadana Frente a la Pobreza durante la presentación de la encuesta nacional que realizó para conocer la coacción del sufragio.

De dicha cifra, 9.1 millones de posibles votantes (10.2 por ciento) aceptó haber recibido algún regalo, servicio, favor o trabajo de un partido político y 5.3 millones (6 por ciento) obtuvo promesas a cambio del sufragio, señaló Alberto Serdán, coordinador de la coalición, que integra a 60 agrupaciones.

Explicó que 79 por ciento de quienes recibieron los regalos dijeron que no lo veían como una amenaza en caso de no sufragar por el partido que se los dio, por lo que aseguraron que eso no les representa ningún problema; 17.6 por ciento de la población entrevistada aseguró que le pidieron votar por alguno de los abanderados de un partido o coalición.

Donde se prevé que haya incidencia de la coacción del voto es en el caso de elecciones cerradas, sobre todo en los estados donde se disputan gubernaturas, añadió Serdán. La oferta de compra de sufragios la hizo la mayoría de los partidos nacionales, dijo, lo que pulverizó sus potenciales efectos en los resultados de los comicios y hace probable que esta práctica no sea determinante para la elección presidencial.

▲ Imagen de una de las tarjetas que entrega el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, donde promete depositar mil 500 pesos mensuales en caso de ganar.Foto Tomada de Twitter

Indicó que la compra de voto generalmente se relaciona con el partido que gobierna una entidad, e hizo un llamado a acudir masivamente a las urnas el domingo para minimizar los efectos de esa práctiva de partidos y candidatos.

Consideró preocupante que 2.5 por ciento de los encuestados declaró que los promotores del voto se quedaron con su credencial para votar, en violación a Ley General en Materia de Delitos Electorales. Esto significaría que cerca de 2.3 millones pudieron quedarse sin mica para poder ejercer su derecho.

Apuntó que la compra del voto es inútil, porque no resuelve la pobreza, no sirve para ganar las elecciones presidenciales y es inmoral, porque se lucra con ese problema. También es ilegal y debe dejar de ser impune. Ante ello, llamó a las autoridades, en particular al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a que hagan un esfuerzo para disuadir el condicionamiento del sufragio, investigar y castigar a los responsables, así como asegurar a los ciudadanos que su voto será libre, secreto y bien contado.

La encuesta es representativa de la lista nominal, que es de 89.1 millones de personas; tomó una muestra de mil 253 ciudadanos en las secciones electorales como marco muestral a escala nacional y fue realizada por Data OPM entre el 6 y el 26 junio. Se trata de la medición de compra de voto más integral, señaló su director, Pablo Parás.