mplios sectores de la sociedad argentina protagonizaron ayer un paro general en contra de la brutal política económica que ha venido aplicando el presidente Mauricio Macri desde el primer día de su mandato, que ha resultado desastrosa para la mayoría de los habitantes del país, especialmente para los asalariados, y que se ha traducido en inflación, deterioro salarial, un aumento generalizado del desempleo, la pobreza y la pérdida de derechos laborales.

Convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y respaldada por el conjunto de las centrales sindicales y asociaciones gremiales y de pequeños empresarios y comerciantes, así como por agrupaciones de académicos e intelectuales y partidos de oposición, la medida de protesta paralizó el transporte público, los servicios bancarios, miles de comercios y diversas actividades de productivos. El paro recibió incluso el respaldo de la jerarquía católica por voz del presidente de la Comisión Episcopal, el obispo Jorge Lugones, quien señaló que cuando en una democracia hay pobres (que) pasan hambre viviendo en condiciones infrahumanas, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no está funcionando bien.

En efecto, en los dos años y medio que lleva en el cargo, Macri ha llevado la economía a una situación de catástrofe para las mayorías, con un 95 por ciento de inflación en lo que va de su mandato, un endeudamiento monumental del sector público, centenares de miles de despidos y pérdida generalizada de derechos y conquistas laborales, programas sociales y servicios médicos y educativos, todo ello, bajo las instrucciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), reintroducido como autoridad económica en el país tras la derrota electoral del peronismo kirchnerista, y que en noviembre de 2016 emitió cinco recomendaciones que han sido seguidas al pie de la letra por el actual gobierno de derecha: reducir beneficios de la seguridad social, aumentar la edad de las jubilaciones y reducir sus montos, incrementar el número de afiliados a la seguridad social –lo que provocó una precarización sin precedente de las condiciones laborales– y reducir al mínimo la política social.

Pero el descontento expresado ayer en forma contundente con la paralización de buena parte de las actividades productivas va más allá de la tragedia económica causada por la regresión de Argentina a las modalidades más crudas del neoliberalismo: con ella han venido aparejados fenómenos de descomposición institucional insoslayables, como el autoritarismo represivo ha caracterizado a Macri, el nepotismo de sus colaboradores, una corrupción flagrante en las oficinas públicas y un gravísimo deterioro en materia de derechos humanos.

En tales circunstancias, el presidente tendría que tomar el paro realizado ayer como una señal de alerta sobre su peligroso acercamiento a los límites de la gobernabilidad y emprender un viraje general en su forma de gobernar y en su proyecto económico que ya resultan intolerables para la mayor parte de los argentinos. De no hacerlo, Macri podría estar llevando a la nación austral por un camino de inestabilidad de consecuencias imprevisibles.