Una mujer cuyo esposo fue víctima de desaparición forzada hace dos años, en el estado de Tamaulipas, presuntamente a manos de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), denunció que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no le ha brindado ayuda de manera completa y oportuna, lo cual le ha impedido asistir a varias diligencias en la capital del país relacionadas con su búsqueda.

Entrevistada frente a la sede de la CEAV, Antonia Almeyda Moreno explicó que el 22 de julio de 2016 su esposo fue detenido de forma arbitraria por integrantes de la Semar en el poblado de Díaz Ordaz, Tamaulipas, cuando regresaba de haber vendido un vehículo, actividad a la cual se dedicaba junto con ella. Desde entonces no sabe de su paradero.

Luego de haber realizado un peregrinaje por varias instituciones, finalmente la carpeta de investigación fue asumida por la unidad de desapariciones forzadas de la Procuraduría General de la República, en Ciudad de México, a donde Almeyda tiene que viajar con frecuencia para realizar trámites y participar en las diligencias sobre el tema.

Trato grosero y poco sensible

Al acudir a la CEAV para solicitar ayuda para traslados y comida, afirmó la entrevistada, en diversas ocasiones ha padecido trato grosero y poco sensible, y con frecuencia se le han entregado dichos apoyos con retraso, lo cual le ha impedido llegar a tiempo a diversas citas relacionadas con el caso de su esposo.

Aquí se viola totalmente la Ley General de Víctimas, porque no me reciben, me dan el recurso económico días después de que empiezan mis diligencias, me bloquean la cuenta, no tengo medidas de ayuda de alimentación, mis hijos no tienen becas y tampoco tengo asesoría jurídica; los depósitos no se dan en tiempo y forma, aunque cumpla con todos los requisitos, lamentó.

Con respecto a la supuesta responsabilidad de la Semar en casos de desaparición forzada en Tamaulipas, Almeyda aseguró que los elementos castrenses han cometido una gran cantidad de violaciones graves de derechos humanos en ese estado, además de intimidar a los familiares de las víctimas para evitar que denuncien.

Consultada sobre la queja de Almeyda, la dirección de comunicación social de la CEAV aseveró que la denunciante sí está recibiendo la atención necesaria en tiempo y forma, cuenta con asesoría jurídica federal y se le han solventado las peticiones de ayuda que ha presentado.