La responsable de la sección de Protección a la Infancia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Dora Giusti, expresó que, una vez que el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que pone fin a la separación de las familias migrantes que son detenidas al entrar a ese país sin documentos, los niños deben ser devueltos con sus padres y brindarles soluciones de alojamiento.

También deben evitarse prácticas de detención y analizar caso por caso cuáles son las necesidades de las personas.

La Red Latinoamericana y Caribeña para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redlamyc) consideró que la política de tolerancia cero es violatoria de los derechos humanos, debido a que permite tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso tortura, contra miles de niños migrantes.

En conferencia vía Internet antes de que Donald Trump firmara un decreto contra la separación familiar, los activistas demandaron a los gobiernos de México, Honduras, Guatemala y El Salvador tener una posición firme contra la estrategia de Washington y llamaron a crear un mecanismo trasnacional que involucre a los países de origen, tránsito y destino de migrantes con el propósito de que asuman su corresponsabilidad y se logre que las autoridades dedicadas a la protección de la infancia, no las migratorias, atiendan a los menores en contextos de movilidad.

Por la tarde, la Redlamyc señaló que el rechazo de la comunidad internacional obligó a Trump a modificar su decreto, pero no está claro si también se cancelan las condiciones humillantes de confinamiento en campos de concentración y uso de jaulas metálicas.

Agregó que es un pequeño avance en la lucha por los derechos de las familias migrantes y un incentivo para seguir exigiendo a Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras una respuesta para que atiendan las causas de la migración: pobreza, violencia y desigualdad.

Entre el 6 de mayo y el 19 de junio pasados se contabilizaron, según información del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, 2 mil 342 menores separados de sus familias, quienes permanecen en más de cien centros de detención de 17 estados de ese país.

Isabel Esteinou, secretaria técnica de la Alianza por los Derechos de los Menores en México, destacó que cabe recordar al gobierno federal que así como se indigna por el trato a los menores migrantes en Estados Unidos, revise sus políticas internas, que son violatorias de los derechos de los centroamericanos que transitan por el país.

Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, y Nancy Pérez, directora de la organización Sin Fronteras, señalaron que el canciller Luis Videgaray minimizó el problema de la separación de familias al decir que los casos de menores mexicanos en esa situación son representan menos de uno por ciento.

Giancarlo Summa, director del Centro de Información de la ONU, para México, Cuba y República Dominicana, recordó que ese organismo condena la política de tolerancia cero, pues viola tratados y convenciones internacionales, así como los derechos humanos básicos.

En la sala de arte de la Central de Abasto de Ciudad de México, donde se presentó la segunda fase de Central de muros, se pronunció por defender los valores del multilateralismo, de los derechos humanos y la idea de un mundo mejor, más incluyente y más justo, que es la idea de la agenda 20-30 de la ONU.