La nueva pifia de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Iguala, documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), representa un agravio contra las víctimas y viola el derecho a la verdad y la justicia de las familias de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecidos y de la sociedad en su conjunto.

Así lo señalaron los padres de los normalistas y las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de búsqueda de justicia de más de tres años y ocho meses, quienes se pronunciaron frente al documento difundido el lunes por la CNDH en que acreditó que la dependencia federal vinculó a proceso de manera equivocada a Érick Uriel Sandoval Rodríguez, ya que no hay pruebas para afirmar que es La Rana, uno de los presuntos responsables de los crímenes contra los jóvenes.

Los padres y las ONG subrayaron que resulta indignante que a estas alturas y ante el escrutinio nacional e internacional por el caso, la PGR mantenga las irregularidades en las indagatorias, intentando soprender tanto a las víctimas como a la ciudadanía.

Juez de Tamaulipas

Demandaron que las autoridades federales acaten de inmediato la sentencia de un juez de distrito con sede en Tamaulipas, en la que ordenó crear una comisión independiente de la verdad –conformada por los familiares, la CNDH y el Ministerio Público– ante la falta de una fiscalía independiente, y reponer el proceso a varios de los implicados que acusaron tortura.

La información publicada por la CNDH refiere un nuevo y preocupante agravio contra las víctimas. Que se haya presentado a una persona como uno de los responsables sin haber corroborado su identidad, a sabiendas de que existía un equívoco, viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto.

Los familiares y organizaciones como los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras, explicaron que las irregularidades documentadas por la CNDH, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR sigue participando activamente en la investigación, aun cuando en teoría ésta es responsabilidad de otra área: la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención del Delito y Servicios a la Comunidad de la dependencia.

Deben investigarse las irregularidades denunciadas por la comisión nacional en su reciente documento y sancionarse a las autoridades responsables conforme a lo establecido en el propio documento. No sobra mencionar que esta no es la primera ocasión en la que queda comprobada la ausencia de buena fe en las acciones del Ministerio Público en el caso, subrayaron.