El gobierno federal, por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), analiza la ruta a seguir para el caso Ayotzinapa, toda vez que en el sistema jurídico no existe la figura de comisión de la verdad, cuya creación ordenó un tribunal.

No existe en nuestro sistema jurídico una figura de comisión de la verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes, y en este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés: encontrar la verdad y hacer justicia, sostuvo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Tras participar en la firma del protocolo de actuación-destrucción de plantíos ilícitos, el encargado de la política interior dijo que la PGR analiza la situación para presentar el recurso correspondiente.

En ese mismo sentido se manifestó el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, durante una entrevista radiofónica en la que comentó que la creación de la comisión todavía está sujeta a revisión por parte del Poder Judicial.

De la resolución no se desprende con claridad cómo se debe dar cumplimiento, en su caso, a esta resolución; lo que sí es importante señalar es que el juez magistrado unitario tendrá que establecer las reglas para dar cumplimiento a dicha resolución, siempre y cuando no se interpongan recursos que suspendan la ejecución de dicha resolución de este colegiado, explicó Elías Beltrán.

Al terminar el acto en las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal, Navarrete dijo respetar a los distintos poderes, pero insistió en que en el orden constitucional no existe la figura de comisión de la verdad.

El 4 de junio, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la sentencia del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, en Tamaulipas, que pide crear la comisión. A decir de los magistrados, la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Explicó que la comisión estará integrada por familiares de los jóvenes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público Federal.

Señaló que los familiares tendrán oportunidad de decir qué líneas de investigación deben seguirse e incluso menciona que de ser necesario podrán ingresar a zonas militares si consideran que se aporta información.