Managua.

Autoridades de Nicaragua utilizan a grupos paramilitares, las llamadas turbas sandinistas, para reprimir las protestas ciudadanas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, que han dejado unos 83 muertos, reportó este martes Amnistía Internacional (AI).

Reprimen a la población civil con armas semiautomáticas y protegidos por la propia policía, indicó Erika Guevara-Rosas, directora de AI para las Américas, al presentar en esta capital el informe Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua, que critica la reacción de Ortega y su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, ante las movilizaciones.

Guevara-Rosas, acompañada de la ex modelo y activista nicaragüense, Bianca Jagger, añadió: Ante el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, manifestado mediante protestas de personas, la respuesta del gobierno ha sido básicamente ilegítima y plagada de serias violaciones de derechos humanos e, incluso, crímenes de derecho internacional.

Las protestas comenzaron el 18 de abril en rechazo a una polémica reforma a la seguridad social, que posteriormente fue derogada. Pero las movilizaciones se mantuvieron con la exigencia de que renuncie Ortega.

La mayoría de los decesos registrados fueron por heridas de arma de fuego, a pesar de que el uso de este tipo de armas por parte de la autoridad sólo debe estar autorizado en la situación más extrema de amenaza para la vida, indicó AI en su reporte de 36 páginas.

Añadió que los fallecidos presentaban heridas de disparos cuya trayectoria sugiere la posibilidad de francotiradores.

También explicó que hubo uso excesivo de la fuerza, irregularidades en las investigaciones sobre las muertes, falta de atención médica e intento de control de la prensa durante las movilizaciones.

Aseguró que la estrategia del gobierno es criminalizar las protestas al promover un discurso de negación de la realidad que tiene su origen en Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Recomendó al Estado cumplir con las 15 recomendaciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que valoró la situación en el país la semana pasada y que incluye el cese de la represión y la disolución de fuerzas paramilitares controladas por el gobierno.

La CIDH contabilizó en su estudio 79 muertos, 868 heridos y 438 detenidos del 18 de abril al 24 de mayo, pero las autoridades sólo reconocen 22 fallecidos.