Washington.

Un panel de expertos internacionales convocados por Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), concluyó este martes que hay fundamento suficiente para denunciar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que supuestamente se cometieron desde 2014, por lo que recomendó remitir la evidencia a la Corte Penal Internacional (CPI).

Almagro encomendó el año pasado a los juristas Manuel Ventura Robles, de Costa Rica; Santiago Cantón, de Argentina, e Irwin Cotler, de Canadá, una investigación sobre derechos humanos en Venezuela. Se desconocen los criterios con los que fueron electos.

El grupo documentó 131 asesinatos atribuidos a fuerzas de seguridad o grupos civiles armados pro gubernamentales, conocidos como colectivos, durante las multitudinarias protestas de 2014 y 2017. También identificaron 8 mil 292 ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2015 y más de 12 mil detenciones arbitrarias desde las elecciones presidenciales de 2013, entre ellas contabilizan más de mil 300 políticos presos.

Los expertos realizaron a finales de 2017 cinco audiencias en la sede de la OEA, en las que escucharon testimonios de 26 testigos. Además, recogieron documentos provenientes de víctimas y más de 40 ONG, informó la oficina de Almagro, quien ha mantenido gran presión sobre el gobierno bolivariano.

Tras la investigación, el grupo coincidió en señalar que la CPI debería investigar la responsabilidad individual de 11 miembros del gobierno venezolano, entre ellos el presidente, Nicolás Maduro; el vicepresidente, Tareck El Aissami; el canciller, Jorge Arreaza; el vicepresidente para el Desarrollo Social, Elías Jaua; el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, entre otros.

Son los responsables de todos los actos sistemáticos generalizados de represión y persecución, como las detenciones masivas, las desapariciones forzadas, los asesinatos, las torturas, las violaciones y otros actos de violencia sexual, y la persecución, cometidos por sus subalternos a través de toda la cadena de mando civil y militar, apunta el informe de 400 páginas.

Al presentar el reporte en la sede de la OEA, Almagro expresó: Solamente puede haber justicia si se juzga a los más altos responsables.

Venezuela puede ser denunciada ante la CPI porque es uno de los países que ratificaron el Estatuto de Roma, con el que nació la corte, que empezó a operar en 2003. Pero la OEA como institución no puede presentar una denuncia que abra una investigación de la fiscalía en La Haya.

El documento carece de valor jurídico, pues emana de una autoridad usurpada. El secretario general se arroga una atribución que ni la propia OEA tiene, como es la de ser una instancia judicial. No es más que una grotesca farsa mediática, indicó la misión permanente de Venezuela ante el organismo hemisférico en un comunicado.

En Caracas, Maduro pospuso por al menos 60 días la reconversión monetaria del bolívar, que contempla la eliminación de tres ceros, debido a que el sector bancario del país no está en condiciones de implementar la medida, la cual comenzaría este 4 de junio.

En otro asunto, el cantante Evio Di Marzo, hermano del famoso intérprete venezolano Yordano, fue asesinado la noche del lunes por delincuentes que intentaron robar su vehículo, reportaron fuentes de seguridad.