Madrid.

El equipo de investigación de delitos económicos de la Guardia Civil dirigió una operación que culminó con la detención de Eduardo Zaplana, ministro del Trabajo y vocero durante el gobierno de José María Aznar (2002-2004) y ex presidente de la comunidad autónoma de Valencia (1995-2002). Además, se cumplieron otras órdenes de arresto, como parte de una indagatoria de corrupción político-empresarial a gran escala.

Zaplana se convirtió en uno de los hombres más cercanos al mandatario después de que se abandonó el cargo de presidente de la Generalitat valenciana para trasladarse a Madrid. El caso por el que fue detenido se remonta precisamente a su etapa al frente del gobierno autonómico, donde habría perpetrado varios delitos de corrupción, falsificación, cohecho y prevaricación en varios proyectos de inversión pública. Con él fueron detenidos Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía Nacional Juan Cotina, además del abogado Juan Francisco García, ex jefe de Gabinete de Zaplana y considerado su mano derecha durante su etapa al frente de la Generalitat valenciana. Ya encarcelados se encuentran el ex director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens, y su mujer, Felisa López.

Además de las detenciones se llevaron a cabo 15 registros, entre ellos, uno en la Consejería de Economía, donde se presume que hay documentos vinculados a los contratos del plan eólico otorgados a la familia Cotino. Otro de los asuntos que se investiga es el plan de privatización de los servicios de la Inspección Técnica Vehicular puesto en marcha en 1997.

Se registraron las viviendas particulares de Zaplana y de Cotino, en Valencia, así como un despacho del ex ministro español en Madrid.

La Guardia Civil considera acreditado que Zaplana cobró comisiones durante su etapa como presidente de la Comunidad Valenciana. Estos pagos, a juicio de los investigadores, estarían prescritos. Sin embargo, los agentes consideran que no han prescrito las recientes operaciones que el acusado ha llevado a cabo con dinero oculto en paraísos fiscales procedente de actos de corrupción y que ha estado repatriando a España desde hace unos años.

Falta aclarar si, tal como sospechan los agentes españoles, Zaplana ocultó en Uruguay 10 millones de euros que supuestamente procedían de las comisiones ilegales que recibió cuando fue presidente de la Generalitat de Valencia. El dinero se detectó una vez que el propio dirigente político intentó repatriarlo recientemente, al constatar que habían prescrito los delitos que le podían imputar sobre la procedencia del dinero.

Este martes trascendió que el número dos del Ministerio de Hacienda, José Enrique Fernández, que ocupa el cargo de secretario de Estado de Hacienda (el símil del subsecretario en México), ha sido imputado de los delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuado, cohecho y tráfico de influencias durante su etapa como alcalde de Jaén. Está citado a declarar en los próximos días, en los que se decidirá si se le deja en libertad con cargos, o el juez decreta prisión cautelar.