Para rescatar la pesca ribereña
y las costas de México

Milton Gabriel Hernández García Doctor en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco

Según la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), actualmente existen alrededor de 350 mil pescadores en el territorio nacional. Esta cifra no especifica si se refiere solo a pescadores ribereños de la costa y de aguas interiores o si incluye también a los que trabajan en embarcaciones de altura, pero es un referente importante para suponer que más de un millón y medio de personas viven directa o indirectamente de esta actividad.

La aportación de la pesca al Producto Interno Bruto (PIB) y a la autosuficiencia alimentaria es fundamental y estratégica, a pesar de que ha sido abandonada por los últimos cinco gobiernos de corte neoliberal. Ello se ha traducido en un decremento productivo de las principales pesquerías debido a que la inspección y la vigilancia son deficientes y a que, por tanto, la aplicación de políticas públicas erróneas ha provocado la sobreexplotación de algunas especies. Por otro lado, diferentes modelos de desarrollo han provocado una grave devastación ambiental en las costas, ríos, lagunas, esteros y otros cuerpos de agua.

Ante este escenario, los pescadores desarrollan su actividad en zonas de captura que se encuentran en aguas cada vez más distantes, lo que provoca el incremento en los precios del combustible y un mayor riesgo, ya que en embarcaciones muchas veces deterioradas, se ven en la necesidad de arriesgarse en sitios de mayor profundidad. Además, enfrentan condiciones desiguales en el mercado, muchas ocasiones ni siquiera recuperan los gastos de inversión. A nivel general, las regiones pesqueras de México carecen de planes de manejo adecuados a los contextos locales. Hay falta de transparencia y acceso limitado a los permisos de pesca, lo que ha condenado a la ilegalidad a la mayoría de los pescadores. Las cooperativas constantemente denuncian la opacidad en la asignación de recursos para el desarrollo de proyectos productivos

Para hacer frente a la crisis estructural de la pesca ribereña y recuperar las costas, Andrés Manuel López Obrador, en el Proyecto de Nación 2108-2024, ha propuesto la creación e instrumentación de un Plan Pesquero Nacional que “coordine políticas públicas pesqueras sustentables con otras entidades gubernamentales y gobiernos estatales y municipales”, el cual tendrá como base la información científica con la que contamos en la materia, pero también los intereses y necesidades de los pescadores.

Como parte de ese Proyecto de Nación, AMLO se ha comprometido a crear políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades pesqueras a través de un proceso de revitalización de las organizaciones cooperativas, pero también diversificando las figuras legales para la constitución de colectividades dedicadas a la pesca, como las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Ante el abandono de los últimos cinco gobiernos respecto de los pescadores de México, López Obrador se ha comprometido a generar esquemas de financiamiento para establecer la infraestructura de uso común, necesaria para el procesamiento de productos pesqueros y acuícolas, así como modernizar la flota pesquera nacional, que cada vez es más obsoleta.

Parte de la estrategia supone mantener la producción pesquera y acuícola nacional por encima de los 1,7 millones de toneladas actuales, aplicando medidas de producción sustentable, promulgando una nueva Ley de Pesca y Acuacultura Responsables, transparentando la asignación de permisos de pesca, trasladando de la Conapesca a la Profepa las facultades de inspección y vigilancia para evitar conflictos de interés y desterrar la corrupción que ha caracterizado a las autoridades administrativas de la actividad pesquera. 

En el ámbito educativo, AMLO ha propuesto suscribir convenios con la Dirección General de Ciencia y Tecnologías del Mar, de la SEP, que administra 74 planteles en los litorales mexicanos y en aguas interiores, para desarrollar un programa permanente de capacitación e instrucción a todos los actores de esta actividad. Una necesidad apremiante reconocida por el PN es la promoción de los ordenamientos pesqueros, que podrían convertirse en el detonador de nuevos procesos organizativos en el sector social de la pesca.

Además, AMLO ha suscrito públicamente el Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 (PASXXI2.0) que, de ganar la presidencia, se convertirán en política pública. Los puntos más relevantes de este documento son los siguientes:

1. Se parte de que revitalizar el cooperativismo es necesario, pero no suficiente, pues es apremiante incorporar a los pescadores libres (que son la mayoría a nivel nacional) a las cooperativas o explorar otras figuras asociativas que les den certidumbre legal y acceso a los permisos de pesca.

2. Se establecerán centros regionales de acopio y comercialización de productos pesqueros, administrados por el Estado, lo que permitirá a los pescadores acceder a un mercado más justo no controlado por los coyotes o intermediarios. Al respecto, el PASXXI2.0 firmado por AMLO señala: “se establecerá un programa de comercialización que propicie ingresos socialmente aceptables para los pescadores y, con ello, el combate al coyotaje que saquea la riqueza producida por el cooperativismo pesquero. Específicamente se implementarán medidas para la comercialización de pescados y mariscos en los principales centros urbanos del país”.

3. Se establece el compromiso de iniciar inmediatamente acciones de saneamiento de bahías, esteros y lagunas contaminadas por el desarrollo industrial, turístico, acuícola, agroindustrial y urbano, lo que implicaría una mayor regulación y la aplicación de sanciones efectivas a las actividades que generan un impacto negativo en los ecosistemas costeros, como la acuacultura depredadora y los enclaves turísticos de élite. Al respecto, el PASXXI2.0 señala: “Se implementará un programa para la restauración de esteros, bahías, marismas y humedales que habrá de incluir la rehabilitación de bocas y desazolves de bahías, la repoblación de especies en el mar y bahías, para que, además del restablecimiento de estos ecosistemas, se propicie la recuperación de la producción y la reinserción de los pescadores a las actividades productivas del mar, recuperando el sector social de la pesca; en este esfuerzo, se partirá de la participación de las organizaciones de pescadores, asegurando la presencia activa de instituciones académicas públicas con estudios e investigaciones en torno a esta temática y sectores sociales vinculados al mar”. Es de suma importancia subrayar que, ante la eventualidad de explotación minera submarina, se ha establecido el compromiso de declarar una moratoria para esta actividad, pues es altamente agresiva para los ecosistemas marinos.

4. Se revisarán y, de ser necesario, se actualizarán las políticas orientadas a la creación de “Reservas Marinas” y “Refugios pesqueros” como estrategias orientadas a la conservación de la biodiversidad marina y a la recuperación de poblaciones de especies con valor comercial, debido a que, en muchos casos, el establecimiento de estos mecanismos se ha hecho sin el consenso de los pescadores, lo que ha vulnerado sus derechos.

5. Como una medida para empezar a democratizar mínimamente la vida en las costas, se garantizará la participación efectiva de los pescadores ribereños en el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, en el sistema de establecimiento de vedas, pero también en las acciones de vigilancia, para evitar la pesca furtiva e ilegal.

6. Se actualizarán los permisos de captura para los pescadores que aún no han logrado acceder a ellos y se creará un programa especial para el establecimiento de concesiones y zonas de exclusividad para pescadores libres, cooperativas y federaciones, con lo que tendrán mayor certeza jurídica sobre el espacio acuático en el que realizan sus actividades de captura, lo que irá acompañado de la implementación de ordenamientos pesqueros locales y regionales, con normas de acceso a los recursos marinos. Al respecto, señala el PASXXI2.0: “el abandono y la irracionalidad con la que se han implementado las políticas públicas hacia la pesca reclama un programa de ordenamiento pesquero participativo, socialmente incluyente, que asegure la explotación racional de los recursos del mar y las riberas”.

7. Se abrirán foros y espacios de consulta para reformar y actualizar la Ley de Pesca, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, la Carta Nacional Pesquera (CNP), la Libreta de Mar y la Guía de Pesca, de acuerdo con las necesidades de los pescadores ribereños, lo que sin duda sería un proceso inédito, ya que estos instrumentos jurídicos y administrativos se han hecho siguiendo principalmente los intereses de los grandes inversionistas de la pesca de altura.

8. Se garantizará el subsidio para combustible y renovación de motores, embarcaciones menores y artes de pesca, se fortalecerá el Programa de Financiamiento al Pequeño Productor, con subsidios, créditos y seguros.

9. No se criminalizará a los pescadores que por diferentes circunstancias realizan algún tipo de pesca ilegal y, por el contrario, se ofrecerán alternativas para que abandonen las prácticas ilegales.

La pesca es un asunto de interés nacional, estratégico para garantizar la seguridad alimentaria de México. Es por ello que nos encontramos frente a la posibilidad de remontar 30 años de políticas pesqueras ausentes y, en el mejor de los casos, erráticas.

Los pescadores también están ávidos de un cambio que les permita seguir viviendo de su actividad y que le da identidad cultural a los más de 11,000 kilómetros de litoral que tiene nuestro país.

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