Los argumentos del Estado mexicano para negar la participación del Ejército en la desaparición forzada de tres miembros de una familia, ocurrida en 2009 en el estado de Chihuahua, son totalmente endebles, y por ello las autoridades recurren nuevamente a criminalizar a las víctimas y a sus seres queridos, como han hecho ya en gran cantidad de casos.

Así lo afirmaron las abogadas Ruth Fierro y Alejandra Nuño, quienes destacaron que el gobierno de México prefiere admitir que los grupos del crimen organizado controlan territorios y tienen la misma capacidad de fuego que el Estado, antes de siquiera considerar la posibilidad de que el Ejército haya cometido una desaparición forzada.

Luego de regresar de las audiencias sobre el tema celebradas el pasado jueves y viernes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) –en San José, Costa Rica– ambas litigantes comentaron en entrevista con La Jornada cuáles fueron sus impresiones tras participar en los alegatos finales sobre el caso.

Como se ha informado en este diario, la noche del 29 de diciembre de 2009, elementos del Ejército Mexicano llegaron a la comunidad de Benito Juárez, ubicada en el municipio chihuahuense de Buenaventura –al norte de la capital del estado– y se llevaron a los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes. Desde entonces se desconoce su paradero.

Uniformes militares

Pese a los testimonios de quienes presenciaron los hechos, las fuerzas armadas siempre han negado su participación en los mismos, con el argumento de que los grupos delincuenciales de la zona también utilizan uniformes militares para despistar a las autoridades.

Para Ruth Fierro, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem), el hecho de que la representación del Estado mexicano siguiera enarbolando esa postura ante los jueces de la Coridh, negando totalmente la posibilidad de que el Ejército hubiera sido responsable, no dejó de ser una sorpresa.

No me imaginaba una postura tan fuerte del Estado de dar una negativa total a la responsabilidad del Ejército, y que en las audiencias la hayan sostenido. La sensación que tengo es de azoro y de incredulidad, porque pensaba que ante un tribunal internacional iba a ser diferente, pero no fue así, expresó la ­litigante.

Luego de destacar que esa actitud de negación por parte de las autoridades es lo que enfrentan cotidianamente muchas víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, Fierro puso de relieve que para exculpar al Ejército de lo ocurrido en Buenaventura, el gobierno fue capaz de decir que los criminales tienen la capacidad suficiente de poner retenes, manejar armas de fuego de alto poder y hacerse con uniformes iguales a los de las fuerzas de seguridad.

Respecto del tema de los uniformes apócrifos, la abogada manifestó que, según datos oficiales, en 11 años –de 2006 a 2017– únicamente se detuvo a una sola persona con ropa de este tipo en Buenaventura, por lo que el argumento del gobierno mexicano para exculpar totalmente al Ejército de la agresión a la familia Alvarado no se sostiene.

No negamos que el crimen organizado es una realidad y que en muchos casos de desaparición queda de manifiesto que son ellos, pero aquí estamos convencidas de que fue el Ejército, recalcó.

Al contrario de lo que pasó con Ruth Fierro, para la abogada Alejandra Nuño, consultora del Cedhem, la persistencia del gobierno en negar que el Ejército estuviera involucrado en el caso fue todo menos una sorpresa.

No me extraña, lo cual no significa que no me siga preocupando e indignando. No me asombra, porque no es el único caso en que el Estado niega la participación del Ejército o la policía [en violaciones de derechos humanos]. Uno ve Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, y siempre es lo mismo, puntualizó.

En lo que sí coincide con su colega es en el carácter endeble de los argumentos del gobierno de México en el caso de la familia Alvarado. Así lo comprueba el hecho de que uno de los elementos para sostener la hipótesis de los uniformes falsos son una serie de textos periodísticos que mencionan el tema.

Ellos, que tienen todos los medios para investigar, hacer averiguaciones previas y hacer decomisos, basan esa teoría en 10 notas periodísticas. Además, nos dicen que en 10 años sólo hay una persona detenida en Buenaventura por tener uniformes apócrifos. Como mexicana [me pregunto], ¿en qué están invirtiendo mis impuestos?, ­enfatizó.

En sentido contrario a la negativa del Estado a investigar al Ejército, hay estudios de organizaciones internacionales que indican que de 2012 a 2016 –se­gún datos oficiales– hubo 505 casos que la justicia militar envió a la civil, pero únicamente se obtuvieron 16 sentencias condenatorias.

Por todo ello, y por la estrategia recurrente de criminalizar a la familia Alvarado desde que recibió las primeras denuncias, Nuño aseveró que el Estado ha sido consistente desde el principio en respaldar la posición de los militares responsables de este caso.

La abogada indicó, por otra parte, que la sentencia de la Coridh podría emitirse antes de que termine 2018, puesto que los jueces encargados del tema van a dejar sus cargos este año y tienen que resolver el expediente antes de retirarse. El paso siguiente es que ambas partes envíen sus alegatos finales por escrito, antes del 28 de mayo.

A las audiencias de la Coridh en San José también viajaron familiares de los tres jóvenes desaparecidos hace más de nueve años. Una de ellas es Patricia Reyes Rueda, madre de Rocío Irene Alvarado Reyes, quien no se da por vencida en la lucha por saber la verdad de lo que le ocurrió a su hija y sus primos José Ángel y Nitza Paola.

Los militares me arrancaron a mi hija de las manos, no me pueden decir que no fueron ellos. Ni a mí ni a mi familia nos van a engañar, porque ellos estuvieron en el pueblo varios días. Ha sido el tiempo más difícil, más duro y más triste de nuestra vida, pero vamos a continuar en la búsqueda hasta encontrar la verdad, recalca.

Tras recordar que muchos de sus parientes tuvieron que irse a vivir a otro país por las amenazas en su contra y negar que algún miembro de la familia tuviera relación con el crimen organizado –como ha sugerido el gobierno mexicano–, Patricia Reyes subrayó que esto no debe quedar así. Queremos que se castigue a los responsables, porque nosotros tenemos todas las pruebas de que fueron ellos.