El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) consideró que el problema en México no es la falta de oportunidades laborales, sino la baja calidad, pues sólo uno por ciento del total de la población ocupada tiene ingresos superiores a 10 salarios mínimos.

De acuerdo con la Agenda mínima por México: 12 desafíos económicos, la precariedad del país se origina debido a que 57 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad, pero del total de 54.4 millones de personas ocupadas, sólo 531 mil tienen percepciones por arriba de los 26.5 mil pesos mensuales.

El documento, elaborado por el organismo encabezado por José Luis de la Cruz, destaca que el número de mexicanos que no reciben ingresos es 6.5 veces más grande que el de quienes ganan más de 10 salarios mínimos, es decir, 3.4 millones de personas en el país.

Pero el grupo de mexicanos que perciben entre 5 y 10 salarios mínimos tampoco resulta ser más cuantioso (2.1 millones de personas, que equivale a 2.4 por ciento) en comparación con la población que gana cuando mucho un salario mínimo (7.4 millones de personas o 14.1 por ciento).

Ante tales cifras, el IDIC indicó que solo 3.4 por ciento de los ocupados tiene un ingreso de bienestar, contra 20.6 por ciento que vive en la precariedad absoluta por falta de ingreso o bien por la percepción de un salario mínimo que actualmente es de 88.15 pesos.

Resalta que en 12 años el número de personas que gana cinco salarios mínimos tuvo una disminución, pues mientras en el primer semestre de 2005, 4.5 millones percibía esa cantidad, al cuatro trimestre de 2017 sólo 2.4 millones de personas tuvo esos ingresos mensuales, por lo que más mexicanos deben disputarse menos oportunidades laborales que generan un ingreso decoroso si es que cada año se incorporó un millón de personas al mercado laboral.

El IDIC destacó que la precariedad también se refleja en la ausencia de seguridad social, pues sólo 53.7 por ciento de las personas ocupadas tienen acceso a instituciones de salud, mientras 32.7 millones de personas no lo tienen.

Indicó que el aumento del salario mínimo general no resolverá el problema, debido a la informalidad, pues más de 7 millones de personas perciben el equivalente a un salario mínimo, el cual fue elevado en noviembre pasado a 88.36 pesos.

Comentó que es necesario alcanzar la formalización de los empleos, lo cual garantiza que las personas reciban acceso a la seguridad social y al sistema de pensiones.

Advirtió que de no atender la formalización del empleo se incubará inestabilidad social y un pasivo contingente adicional para el Estado, que deberá resolver el problema.

Agregó que la estrategia para combatir la precariedad no puede sostenerse con gasto asistencial, sino con inversión productiva, pública y privada. Acotó que la inversión extranjera directa es insuficiente, pues sólo representa 3 por ciento del PIB, por lo que sólo sería complementaria.