Ayer fue el segundo día de audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar la responsabilidad del Estado mexicano, que niega tenerla, en el caso de tres integrantes de una familia que habrían sido desaparecidos por efectivos del Ejército en Chihuahua en 2009.

En la fase de alegatos de cierre del tema, los integrantes de las organizaciones civiles que acompañan a los familiares de las víctimas expusieron nuevamente los detalles básicos de la desaparición de los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, ocurrida el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura.

Asimismo, recordaron que hay testimonios sobre la responsabilidad de soldados en los hechos, incluidos los de algunos funcionarios que reconocieron ese punto de manera extraoficial, por lo que sí hay elementos para suponer que se trata de un caso de desaparición forzada.

Las abogadas subrayaron que el Estado no realizó acciones de búsqueda inmediata y apenas ha hecho 15 diligencias sobre el caso desde el día de los hechos hasta hoy, por lo que las indagatorias se encuentran prácticamente detenidas o consisten únicamente en la emisión de oficios entre instituciones.

De igual forma, señalaron que hubo una demora injustificada para interrogar a testigos presenciales de los hechos, no hay una hipótesis de caso que se pudiera seguir ni tampoco un plan de trabajo, por lo que la investigación se encuentra desarticulada, dispersa y durmiendo el sueño de los justos.

Además, destacaron que los familiares de los tres desaparecidos han sido criminalizados por las autoridades y han sufrido amenazas por exigir justicia y recordaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que sí había elementos para suponer la responsabilidad del Ejército en los hechos.

Al responder a dichos señalamientos, los representantes del gobierno mexicano insistieron que no hay elementos para probar que las autoridades sean responsables de la desaparición de los primos Alvarado, puesto que grupos del crimen organizado suelen usar uniformes apócrifos de las fuerzas armadas.

Aunque admitieron que el caso no ha sido resuelto ni se ha localizado a las víctimas, subrayaron que el expediente ya está en manos de la justicia civil –y no de la militar, como sucedió en un principio– y pidieron tomar en cuenta la complejidad del tema.

El Estado no pretende cuestionar la desaparición ni el dolor de la familia, pero los hechos no le son atribuibles porque no hay elementos para comprobar que los responsables fueron agentes estatales, indicó Alejandro Alday, consultor jurídico de la cancillería mexicana.

Tras escuchar a ambas partes, los delegados de la CIDH –encabezados por Margarette May Macaulay– manifestaron que no ponen en duda la legitimidad de los operativos contra el crimen organizado, pero señalaron que dichas acciones generan un serio riesgo de que se cometan violaciones graves a los derechos humanos.

En un comunicado conjunto emitido anoche, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR y el gobierno de Chihuahua reconocen el dolor de los familiares de las víctimas y reiteraron que continuarán con los esfuerzos para esclarecer el caso, así como para avanzar en la prevención y erradicación de la desaparición de personas.

Insitieron en que tras realizar mil 360 diligencias, entre las que se encuentran 172 declaraciones ministeriales, no existen pruebas fehacientes que acrediten la participación de agentes del Estado en los hechos.