Xalapa, Ver.

Más de 300 habitantes de 20 localidades de los municipios de Actopan y Alto Lucero, zona centro de Veracruz, clausuraron de forma simbólica las bodegas usadas para el proyecto minero El Cobre, perteneciente a la empresa Almadex Minerals, para mostrar su rechazo a los trabajos de exploración de oro y cobre que pretenden desarrollar en la región.

Los manifestantes marcharon por las calles de Actopan la mañana del viernes para exigir la cancelación de concesiones y que sus territorios sean declarados libres de minería, ya que dijeron, el proyecto El Cobre abarca un área de 7 mil 456 hectáreas de Actopan, donde realizan perforaciones.

Guillermo Rodríguez Curiel, vocero de la organización civil La Vida, dijo que en el contexto del Día de la Tierra los habitantes decidieron salir a mostrar su rechazo a los proyectos mineros porque el gobierno federal ha entregado a las grandes empresas yacimientos con una riqueza natural única.

Son concesiones de unos 50 años, con posibilidad de ampliarlas otros 50 años. Queremos que el gobierno deje de jugar y cancele los proyectos mineros, expresó el activista.

En un pronunciamiento colectivo, señalaron que el programa pone en grave riesgo a las comunidades, pues vulnera sus territorios, implica impactos acumulativo y sinérgico con otras actividades y proyectos, como la planta nuclear Laguna Verde ubicada a tan sólo tres kilómetros de distancia del proyecto minero, y las líneas de alta tensión.

Recordaron que el gobierno federal ha concesionado más de 70 mil hectáreas, dentro de un espacio que ha sido ocupado por siglos por comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y comunidades equiparables a pueblos originarios.

Contaminan tierras y secan pozo

Rodríguez Curiel acusó que los trabajadores de la minera se han metido sin permiso en las parcelas y ya contaminaron suelos en la zona de Los Baños, secaron un pozo por la introducción de barrenos, los cuales desvían el cauce del agua.

Esto vulnera los derechos humanos de las comunidades tal y como lo establecen los artículos segundo de la Constitución y sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno federal debe garantizar el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente informado, planteó.

Los manifestantes informaron que han organizado 27 asambleas ejidales y comunitarias en las que rechazan los daños a sus territorios porque las autoridades vulneran sus derechos a la autonomía, a la libre determinación, al consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado.

En la protesta, también pidieron a las autoridades municipales, estatales y federales que respeten sus derechos, cancelen las concesiones y exhortaron a la empresa a desistirse de operar en territorio veracruzano.