La aprobación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, promovida e impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), concitó la desaprobación de su contenido por la oposición a la alianza entre los verdes y el PRI, y el respaldo que sumó a esa propuesta el PAN: ¿dónde está el negocio?, se les preguntó.

No obstante, el dictamen –con los votos de esos tres partidos– fue cosa juzgada en el pleno.

En una sesión –la penúltima ordinaria de la actual legislatura– que dejó ver las carencias procesales y políticas del Poder Legislativo, se manifestó el ausentismo tan ligado y reprochado a la actividad de los diputados federales.

Anoche, en una ocasión, apenas se alcanzó el quórum para continuar trabajando en el salón de plenos, y en una segunda, por la insistencia del PRD, la Mesa Directiva borró del registro de la sesión la aprobación de un cambio al reglamento del órgano legislativo, para acortar el tiempo de las intervenciones de los diputados –de cinco a tres minutos– cuando se discuta la agenda política.

En una cadena de hechos que advierten la indolencia de los diputados, ayer se votaron casi 60 dictámenes en actos de connivencia manifiesta con el brazo alzado.

En el caso de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Macedonio Tamez la reprochó con dureza, al externar que “desconfiamos profundamente de los promoventes… esto que se pretende aprobar, deja tantas rendijas para que se abuse del desarrollo forestal acabando con este recurso valioso y arruinando la silvicultura en México, esta Ley General de Desarrollo Forestal está tan mal hecha que tiene confusiones y contradicciones que van a entorpecer la gestión de nuestros bosques.”

En su turno, María Chávez García (Morena), también adujo que no se ven avances claros en el dictamen e incluso se tienen omisiones y confusiones en materia de competencia entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que repercutirán en un menor control sobre el transporte de materias primas forestales y se alentará la ilegalidad en el mercado de la madera, que ya de por sí es alarmante.

Los retrocesos de la legislación se manifiestan con la ausencia de un proceso de consulta y diálogo; planeación estratégica a largo plazo que sea vinculante; abordaje integral de una estrategia para fortalecer el mercado legal de la madera y los productos forestales en México que contemple los mercados nacional e internacional; actualización de la definición de servicios ambientales; titularidad de los derechos de reducción de emisiones por deforestación y degradación en favor de ejidos y comunidades, y la armonización de conceptos, atribuciones y competencias con otras leyes del sector ambiental y con la discusión del marco jurídico sobre biodiversidad, ya que algunos expertos señalan que la legislación actual y la aprobada en el Senado tienen huecos que pueden aprovecharse para la explotación indebida de la biodiversidad.

Además se suprime el objetivo general de la ley vigente: “…respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas, en los términos del artículo 2 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.