El voto de todos los legisladores en la Cámara de Diputados validó una reforma a la Constitución para desaparecer la figura del arraigo de personas acusadas de delincuencia organizada, que la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó como método de investigación.

Sin discusión y con 327 sufragios, el pleno acordó suprimir el párrafo octavo del artículo 16 constitucional, vigente desde 2008, cuando el Congreso de la Unión aceptó la iniciativa propuesta entonces por Felipe Calderón Hinojosa. La reforma fue enviada al Senado de la República para que la revise y apruebe.

Dicho párrafo define: “la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona… sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de las personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”.

En la justificación del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel Ordóñez (PRD), resumió que las distintas iniciativas presentadas en la legislatura que termina coincidieron en incorporar en los considerandos las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para eliminar la figura del arraigo.

Refirió que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestó en contra; dijo que, como medida cautelar, la detención de personas desvirtuó su origen, porque se utiliza como mecanismo de investigación.

Primero se arraiga a una persona y después se le investiga, lo que viola el principio de presunción de inocencia y se contrapone a todo nuestro esquema de justicia. Hoy se deja un precedente importantísimo en materia de derechos humanos, resaltó.

Desde su curul, Jorge Álvarez Máynez (MC) celebró que la Cámara finalmente decidiera olvidarse de esa figura, de la que –recordó– se abusó en el sexenio de Felipe Calderón y cuando la seguridad pública estuvo a cargo de Genaro García Luna.

Se violaron los derechos humanos de mexicanos; deshacernos de una de las figuras jurídicas más vergonzosas de la Constitución es un logro histórico, que esperamos que el Senado apruebe. No se demostró que el arraigo tuviera relación con el incremento en sentencias condenatorias contra el crimen organizado, dijo.

Por unanimidad de 328 votos, la Cámara reformó el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una ley general de extinción de dominio, y con 334 votos, cambios a los artículos 102 y 106 para definir que en los estados el Ministerio Público se ejerza a través de fiscalías autónomas y sus titulares sean designados por las legislaturas, a propuesta de los gobernadores