La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina confió en que la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa no se abra a cualquier delito o grupo de personas y mantenga el castigo a las conductas delictivas, pues cuando el sistema penal se va ablandando, abre huecos y eso lo pone en riesgo. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la calificó de decisión histórica.

El subprocurador Jurídico, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la PGJ, Jorge Antonio Mirón Reyes, explicó en entrevista que se trata de un tema muy delicado, que tiene más aspectos de carácter político y habrá que saber en qué casos específicos se debe otorgar esta especie de perdón, esta decisión de no ejercer o no castigar determinadas conductas.

Lo importante de estas normas es evitar la impunidad, aunque no pueden abrirse a cualquier delito o circunstancia, están dirigidas a una situación en particular, a un grupo en concreto, que se beneficiaría con estas decisiones, como sucedió con el movimiento zapatista, y no se genere la posibilidad de abrir la puerta a cualquier situación, arguyó.

El poder punitivo, que castiga las conductas delictivas, debe tener en mente proteger al gobernador, no abrir huecos que pongan en riesgo al sistema penal y den una percepción negativa para la sociedad, afirmó el funcionario.

Mientras, la CDHDF calificó esta ley de decisión histórica que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todos aquellos ciudadanos a quienes se imputaron delitos durante las manifestaciones del primero de diciembre de 2012 y de 2015.

Las violaciones a los derechos humanos de las personas involucradas en esos hechos, quienes no fueron acusadas de robo o secuestro, sino de ataques a la paz pública, fueron documentadas en siete recomedaciones de la CDHDF, pues no es posible criminalizar a las personas por manifestar libremente sus ideas, entre ellos a los jóvenes.

Por esto, se congratuló del trabajo realizado por los grupos parlamentarios de la actual legislatura, que retomaron las voces de las víctimas y de sus familiares para la aprobación de este decreto.