La Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó la Ley de Amnistía para todas aquellas personas detenidas, consignadas, procesadas y sentenciadas en el contexto de manifestaciones públicas del primero de diciembre de 2012 al mismo día de 2015, luego de que la bancada de Morena se amotinó ante la pretensión de la mesa directiva, presidida por el PRD, de retirar el dictamen del orden del día, lo que llevó a suspender la sesión y convocar a otra, una hora después, con la reincorporación del punto.

A más de dos años de que Morena presentó la iniciativa, en octubre de 2015, el dictamen se aprobó por unanimidad de los 40 legisladores presentes en el pleno, y a decir del abogado Francisco Estrada Correa, quien impulsó la iniciativa desde la sociedad civil y con padres de los detenidos, favorecerá a 510 personas acusadas por delitos como ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín y sabotaje, entre otros.

De ese medio millar, agregó, tres permanecen en prisión: Luis Fernando Bárcenas Castillo, Fernando Sotelo Zambrano y Jessi Alejandro Montaño Sánchez, y alrededor de un centenar siguen sujetas a proceso, debiendo presentarse periódicamente a los juzgados a firmar.

La sesión del pleno convocada a las 9 horas se inició con casi tres de retraso, a las 11:45, con 85 puntos en el orden del día, entre comunicados, dictámenes, iniciativas y puntos de acuerdo. En la sección de dictámenes, el segundo en la lista con el lugar 14 correspondía al decreto de la ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todas aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes se imputaron delitos durante la celebración de manifestaciones en la Ciudad de México, entre el primero de diciembre de 2012 y el primero de diciembre de 2015, en los términos del artículo 104 del Código Penal para el Distrito Federal”.

El presidente de la mesa directiva, el perredista Iván Texta Solís, después de que se votó el primer dictamen se saltó el de la amnistía, por lo que el coordinador de Morena, César Cravioto Romero, solicitó el uso de la palabra para cuestionar dicha decisión. El perredista se la negó y la bancada abandonó el salón, con lo que dejó al pleno sin el número de legisladores suficientes para mantener el quórum y continuar la sesión, por lo que se decretó un receso.

Cravioto denunció un agandalle para evitar exhibir al gobierno de Miguel Ángel Mancera como represor. Texta acusó a Morena de mentir y aseguró que en el orden del día el dictamen estaba en el punto 35, lo que desmintió Cravioto exhibiendo una segunda lista distribuida a los legisladores en la que no aparece.

La sesión se reanudó con el acuerdo de la Comisión de Gobierno de incluir el dictamen, pero al no haber garantías, Morena se mantuvo ausente, con lo que dio por concluida la sesión, pero se convocó a otra una hora después, en la que se reincorporó el punto y se instalaron los trabajos, pero ya no con la conducción de Texta, sino del diputado de Morena José Alfonso Suárez del Real en calidad de vicepresidente. Tampoco se presentó en el pleno el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luciano Jimeno Huanosta, sino la diputada del PRD Beatriz Olivares Pinal, que si bien permanece en la bancada del sol azteca, renunció a su militancia para adherirse a Morena.

El pleno aprobó además el nombramiento de tres consejeros honoríficos del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF): Alejandro Brito Lemus, Cristian José Rojas Rojas y Genoveva Roldán Dávila, punto que también se había retirado del orden del día.