acia finales de marzo, un comunicado de prensa del Banco de Reserva de Nueva Zelandia informó que en lo sucesivo, junto con el objetivo de política de mantener la estabilidad de precios, la institución también se esforzará en apoyar el empleo máximo sostenible en la economía. En México se ha puesto en boga acusar a los adversarios electorales de abrigar la intención de seguir malos ejemplos externos. Convendría, para elevar el tono del debate, proponer buenos ejemplos o mostrar disposición a seguir alguno de ellos. El señalado es uno de los mejores de los que se ha tenido noticia en meses recientes y sugiero que sea seguido por nuestro instituto autónomo. Tampoco vería mal que, sin afectar esa autonomía, tal opción se discutiera en la coyuntura electoral.

La nota informativa del banco central neozelandés señala que la ley que lo rige data de casi tres decenios, en cuyo curso se han registrado cambios en la economía y en las prácticas monetarias en el país y en el mundo. “La importancia de la política monetaria –agrega– como herramienta de impulso de una economía real productiva ha evolucionado y así se reconocerá en la legislación, situando el comportamiento del empleo, junto a la estabilidad de precios, como un mandato dual para el Banco de Reserva, como ocurre en Estados Unidos, Australia y Noruega, entre otros” (rbnz.govt.nz). Como se advierte, por falta de ejemplos no queda.

De acuerdo con datos del propio banco central, de 2015 a 2017, el crecimiento económico de Nueva Zelandia fue modesto: 2.8, 2.7 y 2.9 por ciento real. Las tasas de inflación correspondientes, medidas por el índice de precios al consumidor, se mantuvieron dentro del rango estatuido (entre 1 y 3 por ciento): 0.1, 1.3 y 1.6 por ciento. En cambio, la tasa de desempleo, aunque inferior a la observada en los años álgidos de la gran recesión, se mantuvo muy próxima a 5 por ciento, aunque, junto con el leve repunte del crecimiento, se abatió a lo largo de 2017, para cerrar en 4.5 por ciento. Esta caída del desempleo se dio en paralelo con un alza de 3.2 por ciento en el salario medio por hora, más de un punto porcentual sobre las tasas registradas en el bienio inmediato anterior. Como se advierte, la decisión de establecer el mandato dual para el banco central no respondió a situaciones de emergencia en materia de ocupación, salarios o comportamiento económico. En los pasados tres años, Nueva Zelandia compara bien con otras economías de alto ingreso. La decisión de política que se comenta fue expresión de la madurez de la política general de desarrollo del país.

Otro elemento clave de la decisión se refiere al procedimiento de adopción de decisiones sobre tasa de interés. De acuerdo con la ley corresponde sólo al gobernador del Banco de Reserva. En la práctica –aclara la nota de prensa citada– las decisiones de política monetaria las adopta de manera colegiada un comité de gobierno del propio banco. Se propondrá que, a partir de 2019, se establezca un Comité de Política Monetaria, presidido por el gobernador del banco, para que asuma tal facultad. Inicialmente, estará integrado por cuatro miembros internos, provenientes del staff de alto nivel del banco, incluyendo al vicegobernador, y tres miembros externos. La Tesorería tendrá en el Comité un miembro no votante.

La ampliación del Comité para incorporar a miembros externos ofrecerá el beneficio de la diversidad, supondrá desafíos a los puntos de vista del personal del banco, aumentará la transparencia del proceso de adopción de decisiones y del flujo de información. El Banco de Reserva ya tiene experiencia de trabajo con comités en que participan miembros externos. Existe un Panel Asesor de Expertos Independientes: dos economistas académicos, uno de la Universidad Victoria, en Wellington, y otro de la Universidad de Sydney (Australia), y la actual presidenta del capítulo neozelandés de Transparencia Internacional. Se supone que se seguirán criterios similares para designar a los miembros externos del Comité de Política Monetaria.

¿Y si se decidiera seguir el ejemplo en México? Una primera consideración es que la situación de la economía y el empleo –comparada con la arriba descrita de Nueva Zelandia– haría más imperativo imaginar y adoptar enfoques de política que contribuyan a reactivar el crecimiento y mejorar la situación del empleo y los salarios.

Si se espiga la información relativa a México en el más reciente estudio global del empleo de la Organización Internacional del Trabajo (World Employ-ment and Social Outlook – Trends 2018) se encuentran datos como los siguientes: a) perspectiva a la baja del crecimiento económico: de 2.1 por ciento en 2017 a 1.9 por ciento en 2019; b) perspectiva al alza de la tasa de desocupación: de 3.5 por ciento en 2017 a 3.7 por ciento en 2019, y del número de desocupados: de 2.0 a 2.2 millones entre los mismos años; c) elevada proporción de trabajadores en condiciones de empleo informal: 53 por ciento, con incidencia importante de empleos informales incluso en las empresas formales. Son ampliamente conocidas las tendencias desfavorables para el trabajo vis à vis el capital en la distribución funcional del ingreso; el deterioro persistente del poder adquisitivo de los salarios; el nivel escandalosamente bajo del salario mínimo en términos de comparaciones internacionales. Quizás la expresión más elocuente de la desoladora situación de los salarios en México sea que su elevación inmediata se ha convertido en probablemente la principal exigencia que se plantea a México en la actual renegociación de Nafta –el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Establecer un mandato dual –estabilidad de precios y crecimiento y empleo– para el Banco de México contribuiría a elevar la visibilidad y el grado de atención efectiva que se presta en el país a las cuestiones laborales; facilitaría también el diseño e instrumentación de políticas en materia de trabajo y remuneraciones; abriría el camino a otras acciones con impacto favorable en los esfuerzos de abatimiento de la pobreza y la desigualdad.

No faltará quien considere que la idea de hacer participar a terceros –en representación de empresarios, trabajadores, académicos– en ese remoto sancta sanctorum que es la Junta de Gobierno del Banco de México es una idea más que revolucionaria, claramente subversiva. Es refrescante saber que en países como Nueva Zelandia se le considera un planteamiento perfectamente razonable y susceptible de llevarse a la práctica en el corto plazo. Suele decirse en México que la política económica –y, en especial, la política monetaria– es la menos pública de las políticas públicas. Desde el Pacífico sur se nos muestra un ejemplo que convendría estudiar, ponderar y, en su momento, aprovechar.