ercano ya el cierre del sexenio peñanietista, una de sus herencias (gracias a sus dos ministros del d-año, Luis Videgaray y José Antonio Meade) más peligrosas es la voluminosa deuda pública (interna y externa), cuyo servicio (intereses y capital) complicará la estrategia financiera de la siguiente administración gubernamental.

Como bien lo advierte el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (que analiza el tema y del que se toman los siguientes pasajes), el año 2017 envió un mensaje claro: se ha roto el supuesto de que México gozaba de estabilidad macroeconómica. Los tres preceptos que la conforman, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no son parte de la economía nacional. El control del endeudamiento, de la inflación y el pleno empleo no conforman los logros económicos actuales. El ejemplo más delicado es el endeudamiento. El incremento de la deuda pública que se registró entre 2009 y 2018 representa la señal más visible, pero no es la única.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el saldo de la deuda del sector público federal pasó de 2.6 billones de pesos (192 mil millones de dólares) en diciembre de 2009 a 9.9 billones de pesos (530 mil millones de dólares) en febrero del presente año.

Ante el incremento insostenible del endeudamiento público se aplicó el mismo mecanismo de política fiscal de la década de los 80: restricción en inversión pública para presentar un superávit primario. El resultado de ello es ampliamente conocido: estados contables aparentemente saludables que se logran en función del sacrificio del crecimiento económico, pero que no logran subsanar el desequilibrio de fondo: la administración pública no ha realizado las reformas adecuadas para aumentar la eficacia de su gestión, al mismo tiempo que lo hace con menores recursos. Por ello se endeuda sin que eso implique un mayor crecimiento económico. No obstante la relevancia de lo anterior, hay un problema estructural más grande: los pasivos contingentes.

El endeudamiento del sector público es delicado, pero el desequilibrio de finanzas públicas es sensiblemente superior cuando se contabilizan los denominados pasivos contingentes, es decir, deuda no reconocida como tal pero que tendrá que saldarse con recursos públicos (como las pensiones). En su momento los Pidiregas y otros mecanismos de ingeniería financiera utilizados desde 1995 no fueron reconocidos como deuda, esencialmente porque se suponía que serían canalizados a proyectos de inversión productiva que por su efecto económico serían autosustentables. Ello no ocurrió y por eso hoy forman parte de la presión no observable al analizar la deuda del sector público.

Lo descrito no es una sorpresa: la falta de sostenibilidad de la política fiscal era conocida al inicio de la administración de Vicente Fox. En 2001 se presentaron diversos estudios que estimaban en 120 por ciento como proporción del producto interno bruto (PIB) el monto de deuda reconocida y los pasivos contingentes. El resultado fue lapidario: los ingresos del sector público no alcanzaban para hacer frente a todos sus compromisos financieros.

En 2006 el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados realizó un ejercicio similar, las cifras fueron más comprometedoras: la suma de la deuda y los pasivos contingentes superó 150 por ciento al PIB. Evidentemente que el resultado del análisis volvió a señalar la falta de viabilidad de la política fiscal.

El mensaje claro: a pesar de que se realizó el cambio legal en los sistemas de pensiones de los trabajadores afiliados a IMSS e ISSSTE para, en teoría, aliviar la carga financiera que provocaban simplemente no ocurrió. La insostenibilidad de la política fiscal va en aumento y, además, se está gestando un problema económico y social futuro para todos aquellos que no ahorren lo suficiente en sus Afores para vivir decorosamente durante su etapa de retiro, algo que lamentablemente ocurrirá porque la informalidad prevalece en el mercado laboral y los empleos que se generan son de bajos salarios.

Adicionalmente, en 2013 la investigación académica mostró un resultado similar: la insostenibilidad de la política fiscal. Por tanto, la insostenibilidad fiscal provocada por el endeudamiento y los pasivos contingentes permite cuestionar si en algún momento fue correcto afirmar que México disfrutaba de estabilidad macroeconómica: el primero de los requisitos es tener una posición de deuda controlada, algo que no se ha cumplido en los pasados 20 años.

En la actual coyuntura la evolución del costo financiero hace todavía más evidente lo anterior: el incremento de los recursos que deben canalizarse al pago de intereses y de intermediación financiera muestra una preocupante tendencia al alza que consume recursos financieros que deberían destinarse al crecimiento económico: en 2008 el costo financiero fue de 227 mil millones de pesos (equivalente a 61 por ciento de lo destinado a la inversión física); para 2017 el monto subió a 533 mil millones (94 por ciento de la inversión física) y para 2018 se han presupuestado más de 663 mil millones, cifra que supera los 625 mil millones destinados a inversión física.

Por ello, la tercera definición que deberá realizarse es si México puede seguir destinando más recursos financieros al pago de pasivos o debe incrementar lo que se dirige a la inversión pública, la que tiene más posibilidades de impulsar el crecimiento económico de México.

Al igual que en la década de los 80 del siglo pasado, se prefiere cancelar inversión. ¿El costo? Básicamente, se transfieren recursos productivos a una partida de baja productividad. ¿Cuál es la razón? Probablemente la presión que se ejerció cuando el endeudamiento alcanzado hasta 2016 provocó el amago de una baja en la calificación de la deuda pública. Se prefirió satisfacer a las calificadoras financieras.

Los excedentes del sector público ha-brían alcanzado para cubrir en su totalidad las obras de infraestructura como el nuevo aeropuerto que se construye en Texcoco: sólo entre 2016 y 2017 los ingresos superaron un billón 200 mil millones de pesos, y con ellos se habría duplicado la inversión física.

El problema del sector público mexicano no ha sido la falta de dinero. Por el contrario, los recursos excedentes han sido significativos: más de 3.8 billones de pesos desde 2002. El error ha sido su uso improductivo.

Las rebanadas del pastel

Y los únicos ganadores han sido los bancos privados y los organismos financieros internacionales, con multimillonarios beneficios y un estricto control sobre las decisiones internas.

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