a violencia (no sólo verbal) va subiendo de tono. Y polémicas organizaciones sociales han aparecido en escena: el movimiento antorchista (Antorcha Campesina, su ramal más conocido) y el movimiento oaxaqueño de profesores disidentes. A la primera agrupación, el ya virtualmente priísta José Antonio Meade la ha exhortado a frenar a Andrés Manuel López Obrador; éste, a su vez, ha sido acusado por Meade de ser el animador y alimentador de la intolerancia de ciertos grupos de trabajadores de la educación. Los escenarios de la evolución violenta también son preocupantes: el estado de México (con Alfredo del Mazo como actual gerente), con el antorchismo aliado al gobierno priísta dinástico, y Oaxaca, con el muratismo especializado en simulaciones y escalamiento de conflictos.

El reciente giro en ascenso de esa violencia electoral apenas velada ha descompuesto los cuidados perfiles de los dos contendientes principales: Andrés Manuel López Obrador no ha querido dar una respuesta formal y precisa respecto de los graves señalamientos priístas en su contra por los sucesos violentos de Oaxaca (donde cetemistas y miembros de la sección 22 se enfrentaron y luego cruzaron acusaciones dando cada cual al otro como provocador) y, por el contrario, ha optado por el tono chabacano, forzando rimas al motejar al tecnócrata Meade como una ternurita a la cual instó a apurarse porque le va a ganar Margarita (Zavala). El pentasecretario, por su parte, tuiteó este domingo: Espero que ahora que pierdas por tercera vez, no pierdas el buen humor, Andrés. #AndrésPerderásOtraVez.

Suele advertirse de la condición preparatoria de la violencia verbal hacia la física. México es un país altamente violento y, en ese encuadre, el proceso electoral ha ido mostrando las evidencias de esa realidad, en particular por cuanto al asesinato de funcionarios, políticos y candidatos. Ayer mismo fue ejecutado el presidente de un pequeño municipio jalisciense, quien pretendía buscar la continuidad en el cargo. Este año se han conocido, más que nunca, renuncias y denuncias de ciudadanos encaminados a buscar cargos políticos, los cuales fueron amenazados por grupos criminales para que desistieran de esos propósitos.

Hasta ahora, la delantera de López Obrador no ha podido ser frenada o reducida en grados notables mediante maniobras políticas o mediáticas. Defectos, errores e incongruencias del tabasqueño y de Morena han resultado minucias absolutamente digeribles por el cuerpo social hastiado de los terribles excesos de los adversarios políticos del sedimento de cambio que, aun en el peor de los casos, ofrecería ese lopezobradorismo, cuyo blindaje parecería ponerlo a salvo de cuanta treta y suciedad política le pudiera ser lanzada a lo largo de los próximos dos meses y medio.

El recurso de la violencia política pareciera estar al final de los anaqueles de quienes hoy ejercen el poder en sus diversas variantes. Una de las opciones de quienes ven un competidor con tal ventaja sería impedir que se cumpla el itinerario, provocar las condiciones adecuadas para que el concurso no pueda cumplirse y, en todo caso, propiciar su reorganización, con nuevas reglas y en distintas condiciones. Desde luego, existe y subsiste la tentación drástica de complicar todo de tal manera que pueda darse como ganador al rezagado, en un golpe electoral que vaya más allá de lo sucedido recientemente en Coahuila y en el estado de México.

El gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ha retomado el hacha guerrera contra la administración de Enrique Peña Nieto y ha anunciado que demandará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sea devuelto a la jurisdicción estatal el proceso de Alejandro Gutiérrez, el empresario priísta encarcelado por la acusación de haber maniobrado para transferir fondos federales a campañas del tricolor mientras el gobernador de Chihuahua era César Duarte, hasta ahora significativamente intacto.

Aun cuando el deslizamiento político de Corral termina tratando de beneficiar la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, y aun cuando el saldo estatal de la gestión específica del citado Corral es negativo, el tema del priísta Gutiérrez y sus implicaciones es de especial trascendencia (y por ello hay en Los Pinos una furia política que se tradujo luego en la develación del escándalo de Anaya a causa de una nave industrial y las maniobras de presunto lavado de dinero). La cantada decisión de sustraer del ámbito chihuahuense el expediente de Gutiérrez (y de Beltrones, Videgaray y Meade, al menos como presuntos partícipes colaterales), para colocarlo en manos federales, busca evitar que se vaya al fondo de una investigación judicial que ha mostrado las formas de operación y las complicidades de élite a la hora de financiar campañas electorales.

Este miércoles se realizará el primer debate oficial de candidatos a gobernar la Ciudad de México. Son siete, aunque la atención se ha concentrado en tres: Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales y Mikel Arriola (quienes ya han debatido en el programa televisivo matutino que conduce Carlos Loret de Mola), y más específicamente en las dos primeras de esta terceta. Con menos visibilidad, también desarrollan sus campañas Marco Rascón (Partido Humanista), Purificación Carpinteyro (Nueva Alianza, el Panal), Mariana Boy (Verde Ecologista) y Lorena Osornio (independiente).

La pelea, según apuntan los indicios demoscópicos y las estadísticas electorales, está entre Sheinbaum y Barrales, representantes cada cual del proyecto que encabezan Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Mancera, respectivamente. Si el desenlace capitalino correspondiera a la intensidad y posicionamiento de las actividades que realizan AMLO y MAM, resultaría inevitable que Sheinbaum fuera la ganadora: Mancera se ha ido desdibujando, incorporado penosamente a la estructura de apoyo a Ricardo Anaya y postulado a senador por la puerta trasera (por Acción Nacional y con Chiapas como coartada domiciliaria). ¡Hasta mañana!

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