La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió abrir un espacio de consulta, antes de llevar al pleno la votación de una ley general de biodiversidad que ha sido impugnada por la sociedad civil, por su carácter privatizador, entre otros, del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas.

El anuncio fue hecho por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Arturo Álvarez Angli (PVEM), el mismo que en lo oscurito dio por aprobado el dictamen a la minuta del Senado, en una reunión de esa instancia legislativa donde sólo había 15 de los 30 integrantes y por tanto el encuentro no cumplió con el reglamento de la cámara.

Seguimos avanzando en buscar los consensos para lograr impulsar la iniciativa (sic) de ley general de biodiversidad, de la que existen distintas opiniones y señalamientos infundados, dijo.

Sin embargo, la postura de los grupos parlamentarios ayer en la Cámara de Diputados fue dar espacio a las opiniones de organizaciones que han impugnado la ley, porque entrega a las empresas de la nación y, sobre todo, a las trasnacionales, la explotación para fines comerciales del material genético de todo el país.

La semana pasada, por ejemplo, la Red Nacional Indígena –que acudió a la reunión de ayer de la Junta de Coordinación– cuestionó que la ley avale el saqueo de la riqueza natural nacional y que además no haya sido sometida a consulta de los pueblos.

La propia red indicó que esa legislación busca “legalizar el despojo que ya se ejerce; facilita el acceso a los recursos naturales y avala la biopiratería de las firmas farmacéuticas”.

Las comisiones de Asuntos Indígenas y de Cambio Climático rechazaron, antes de que Álvarez Angli trucara la reunión de trabajo, el contenido de la minuta del Senado. Ambas instancias alertaron de los daños que resultarán para los pueblos indígenas, además de que en su prisa por votar el dictamen, el Verde se saltó la obligación de realizar una consulta informada a las comunidades.

Para Álvarez Angli la ley es de trascendencia e importancia y por ello insistirá en trabajar para conseguir los consensos y despejar algunos señalamientos.

A la sesión de ayer de la junta de coordinación –que fue de vicecoordinadores, aunque por Morena sí se presentó el coordinador, Virgilio Caballero– se recibieron opiniones de la Red Nacional Indígena, de la Escuela Nacional de Antropología e Histotia, de Greenpeace y de la Secretaría del Medio Ambiente, ésta envió una representante.

Ahí se aceptó que la Cámara de Diputados, en especial la Comisión de Medio Ambiente y Álvarez Angli, no cumplieron con la obligación de realizar una consulta cuando se trata de leyes que afecten los derechos de los pueblos indígenas, definida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.