Tras asegurar que el dictamen de Ley de Comunicación Social es una simulación y un engaño al acatamiento a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque no se cumple el propósito de regular la publicidad oficial, los partidos Acción Nacional (PAN) y Morena en la Cámara de Diputados expresaron por separado su decisión de no avalarlo en la sesión de mañana.

No sólo se deja el estado actual, sino que es aún peor: no se prohíbe la promoción personalizada, la contratación de publicidad encubierta y concentra en la Secretaría de Gobernación (SG) la política de propaganda gubernamental, explicó Virgilio Caballero, coordinador de Morena.

Juan Pablo Piña (PAN), integrante de la Comisión de Gobernación, sostuvo que una ley de publicidad (que no de comunicación social) debe fijar criterios claros y objetivos de qué es la publicidad oficial, cuándo es posible contratar espacios, en qué condiciones y garantizar el uso transparente de los recursos. Pero el PRI pretende que la SG decida todo: esto es, que las cosas queden igual y pretende que engañemos a la Corte, añadió.

El jueves pasado, la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen al que se dio primera lectura, para que se discuta en la sesión de mañana. El documento tendrá el aval de los partidos Revolucionario Institucional, Verde y Nueva Alianza, mientras los de la coalición Por México al Frente (PAN, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano) anunciaron que votarán en contra, al igual que Morena.

La votación del dictamen depende además del ausentismo, que ha caracterizado a este periodo de sesiones, y Virgilio Caballero comprometió la asistencia de los 48 legisladores de Morena para garantizar el mayor número de votos en contra.

Vamos a pelear en el pleno contra la ley. Proponemos que se integre un consejo ciudadano de 15 personas profesionales de la comunicación e independientes de los partidos para que, ante ellos, Gobernación asuma la responsabilidad de los programas y decisiones que tome en relación con la publicidad gubernamental, aseguró Caballero.

Resaltó que quiere avalarse una ley como tema general de medios informativos, cuando de lo que se trata es de regular la propaganda que, como sabemos, sirve para controlar a los medios de comunicación.

Piña resaltó que el dictamen no cumple la obligación de regular la publicidad oficial. Además del engaño a la Corte no hay límites, criterios objetivos ni transparencia. Y algo más grave: se genera censura, porque un artículo dispone la creación de un padrón de medios de comunicación a los cuales les pueden contratar publicidad, indicó. Ese padrón estaría en manos de la SG y las demás dependencias federales, así como las secretarías de Gobierno en los estados, agregó.

“¿En un estado donde un medio es crítico del gobierno, el secretario de Gobierno va a incluirlo en la lista? ¡Por supuesto que no! Esto sólo provocará que se asigne publicidad a medios cómodos, afines. Se quiere dar validez jurídica a la afirmación de José López Portillo, ‘no pago para que me peguen’. Se puede frenar, pero no se trata sólo de eso, sino de cumplir la Constitución y a lo que nos obliga la Corte”, afirmó.