n la infinita cascada de desgracias que caracterizan las experiencias de migración centroamericana, opera la ley del gallinero durante el viaje a contracorriente de millares que huyen de sus pueblos y regiones a través de un país, el nuestro, que no los atiende como personas con derechos. Al contrario: los persigue, explota, ejecuta o expulsa por la ley del Estado o contra ella. No olvidemos que somos uno de los países que abandonan más población propia en busca de seguridad o trabajo; ésta será perseguida en cuanto cruce la frontera norte. Ya con eso tendríamos para preocuparnos de que algo está podrido en todas partes. Pero además nuestro territorio es escenario de una persecución sorda y brutal contra decenas de miles de hermanos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Si no la amenaza fatal de grupos criminales a lo largo de su trayecto, padecen a las instituciones migratorias y de policía, que hacen su parte, ahora nos enteramos que es según lo concedido por el gobierno en la Iniciativa Mérida. Es política de Estado aun si viola la ley.

La investigadora para México de Amnistía Internacional (AI), Madeleine Penman, documenta que las autoridades mexicanas están trabajado duro, pero discretamente, para evitar que las personas que huyen de Centroamérica se queden en México. Y mucho menos, cabe agregar, que lleguen a la frontera norte y la crucen. Nuestro territorio, minado por la desigualdad y una guerra que no se atreve a decir su nombre, es una trampa mortal para los centroamericanos, que no son sólo cifras. Nuestra Siria está en Honduras, y nuestra mala onda es peor que la del europeo blanco.

En 2017 el gobierno mexicano deportó a 80 mil 353 personas por haber ingresado al país sin contar con los papeles necesarios o por otras irregularidades migratorias, escribe Penman. En muchas ocasiones las deportaciones no solamente violan la ley mexicana, sino también el derecho internacional, poniendo en riesgo a la vida de las personas deportadas (Amnistía Internacional, 16 de marzo, 2018).

Miles de personas huyen de países que se cuentan entre los más violentos del planeta. Pero México, nada humanitario, los trata como basura deshumanizada. Valen menos que nadie. Ellas serán violadas, secuestradas, eliminadas. Ellos esclavizados o muertos, o bien detenidos y devueltos a su infierno de origen. Organizaciones internacionales y organismos de las Naciones Unidas calculan que hasta la mitad de las aproximadamente 500 mil personas que cruzan la frontera sur de México cada año podrían necesitar protección internacional.

La ignorancia de la ley por parte de la ciudadanía mexicana y los propios migrantes –que desconocen sus derechos o si levantan la voz son ignorados– permite que, “aunque tengan el derecho de solicitar asilo en México, a muchos el Estado mexicano los deporta sin tomar en cuenta el riesgo que corren. Conocida como ‘devolución’ o refoulement, esta práctica es ilegal según el derecho internacional y la legislación mexicana”, subraya la investigadora para México de AI.

Dicha organización realizó durante 2017 una encuesta con 500 personas de Centroamérica en México: 120 proporcionaban sólidos indicios de devolución. Además, durante nuestras investigaciones, encontramos numerosos testimonios de personas que fueron presionadas para firmar un papel de deportación en contra de su voluntad. Asimismo, de las 297 personas que nos dijeron que fueron detenidas por el Instituto Nacional de Migración, 75 por ciento dice no haber sido informado de su derecho a solicitar asilo en México.

No todo está podrido, hay corazones que saben sentir todavía en Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Coahuila. Como bien saben las modestas casas de migrantes, que venturosamente hay en México, los millares de prófugos de Maras y pobreza, el gatillo fácil y los paramilitares del extractivismo, poseen derechos que casi nadie les concede aquí. No son ilegales pero se les trata como si lo fueran, lo mismo sobre La Bestia y las veredas que en retenes y estaciones migratorias. Penman explica que cada persona sujeta a una orden de deportación tiene derechos bajo el derecho internacional, incluyendo los de asistencia legal, de ser escuchado por una autoridad competente y de tener la oportunidad de impugnar su deportación. Para miles de centroamericanos esto simplemente no existe.

Lo permite nuestro extremo racismo. De por sí el Estado neoliberal derruyó la tradicional generosidad mexicana para los pueblos perseguidos que el siglo pasado permitió acoger españoles, judíos, argentinos, uruguayos o chilenos que huían del horror. Hoy, para colmo, los centroamericanos son percibidos como inferiores y peligrosos. Así es más fácil maltratarlos o permitir que otros lo hagan.