ntre 2013 y 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Procuraduría General de la República, varias denuncias por el desvío de recursos de dependencias federales mediante la triangulación de numerosos contratos asignados a empresas fantasmas o sin experiencia para realizar los trabajos que les fueron asignados. Entre las involucradas sobresale la Universidad Autónoma del Estado de México. Estos desvíos ascienden a miles de millones de pesos y se dieron bajo la rectoría de Eduardo Gasca Pliego (2009-2013) y Jorge Olvera García (2013-17).

Una de las formas que la ASF detectó para realizar las operaciones es la asignación directa de contratos a dicha casa de estudios mediante su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica. Entre las dependencias que entregaron recursos figuran las secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como Diconsa, Banobras y Conaculta. Los rectores de la universidad estrella en apoyos discrecionales no pudieron explicar esas triangulaciones. Por el contrario, los premiaron con otros cargos: al ex rector Garza Pliego, con la secretaría de Cultura del estado. Olvera García es ahora ombudsman de la entidad.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a 186 empresas a las que 11 dependencias del gobierno federal les asignaron 7 mil 670 millones de pesos mediante convenios con dicha universidad y otras siete, como la de Morelos y las politécnicas del Golfo y Texcoco. Éstas contrataron a esas empresas para efectuar diversos trabajos. Mas resulta que 128 son fantasmas, ilegales, y no pudieron comprobar que disponían del capital, la infraestructura y el personal para efectuar los trabajos asignados, como entregar despensas e insumos para la Cruzada Nacional contra el Hambre, digitalizar cédulas profesionales, servicios informáticos y trabajos en plataformas petroleras. De todo ello informó oportuna y ampliamente La Jornada.

Ese esquema de fraude fue investigado y documentado por los reporteros Nayeli Roldán y Manuel Ureste, del portal de noticias Animal Político, y Miriam Castillo, de la organización Mexicanos contra la Corrupción, que apoyó dicho trabajo. Se conoce con el nombre de La estafa maestra. Entre lo que encontraron destaca el dinero (más de 2 mil millones de pesos) que la Secretaría de Desarrollo Social (a cargo de la señora Rosario Robles entre 2012 y 2015), aseguró haber invertido en la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los programas estrella del presidente Peña Nieto. A Robles la remplazó el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, quien no supo explicar los desvíos de dinero que hubo en tiempos de su antecesora. La señora Robles es ahora secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

La indignación por los datos aportados en La estafa maestra, la opacó la Procuraduría General de la República al filtrar a los medios que investigaba a Ricardo Anaya, candidato de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por presuntamente estar involucrado en operaciones de lavado de dinero y otros delitos financieros. Sin embargo, las irregularidades que se detallan en La estafa maestra, de nuevo recobraron actualidad la semana anterior al ser distinguido dicho trabajo en España con el Premio Ortega y Gasset en la categoría de periodismo de investigación. Al recibir tan importante distinción, sus autores dijeron conservar la esperanza de que su trabajo sea un grano de arena en la tarea de combatir la corrupción e impunidad que reina en el sector público de México.

Mientras muchas instituciones académicas y de investigación científica y tecnológica carecen de recursos para efectuar sus trabajos, unas cuantas universidades a modo reciben dinero que termina en manos sucias.

Además, los responsables de La estafa maestra, siguen como si nada, cobrando en el sector público. O en la campaña electoral, donde algunos programas del gobierno federal tienen como fin comprar votos en favor de Meade.