l acompañar a Carlos Salinas de Gortari en su fiesta de cumpleaños, Enrique Peña Nieto no le hizo bien al PRI, ni al candidato presidencial José Antonio Meade, ni al de por sí rarificado ambiente electoral. La elite del poder priísta, reunida en una celebración por motivos de calendario, no aporta ingredientes de sosiego a un escenario político que parece irse ensombreciendo.

Por el contrario, la reunión gozosa (por los 70 años de vida de Salinas) de dos grupos circunstancial y cíclicamente distantes (el de Peña y el del ex presidente), pero confluentes en los proyectos estratégicos, abona la percepción de que hay un seco cierre de filas en las alturas políticas y económicas para tratar de impedir que siga avanzando la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador y, específicamente, para crear las condiciones extremas que le nieguen definitivamente llegar a Palacio Nacional.

La relación política de Peña y Salinas ha sido oscilante. Quien ocupó Los Pinos de 1988 a 1994 apoyó abiertamente en 2012 la candidatura de quien había dejado el gobierno del estado de México. Fue la oportunidad de Salinas de Gortari para reinsertarse plenamente en la política nacional y cerrar expedientes como el de su hermano Raúl, quien obtuvo la máxima benevolencia judicial en 2014, cuando fue declarado inocente del último de los cargos que le quedaban en su prolongado proceso.

Durante el peñismo, ciertos cargos administrativos y políticos de primer nivel fueron adjudicados a miembros del grupo de Salinas de Gortari. De manera destacada, a su sobrina Claudia Ruiz Massieu, hija del asesinado José Francisco Ruiz Massieu. Otro personaje de moda sexenal ha sido el concuño de Carlos Salinas, José Antonio González Anaya, quien ha ocupado las suculentas direcciones generales del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Petróleos Mexicanos, y a la fecha la estratégica Secretaría de Hacienda.

Se han producido, desde luego, momentos envenenados en esta relación. Peña Nieto pareció sentirse necesitado de demostrar que sólo él ejerce el poder presidencial y ello provocó alejamiento y enojos en relación con el ex presidente de vocación injerencista. Versiones provenientes de priístas de renombre aseguran que un punto de encono ha sido el tratamiento dado al caso de Emiliano Salinas Occelli, involucrado desde años atrás en el delicado tema del grupo denominado NXIVM, del cual el citado Emiliano ha sido discípulo, promotor y representante en México.

El asunto cobró proporciones mayores cuando un diario estadunidense dio a conocer las acusaciones de actos delictivos cometidos contra mujeres por el líder de ese grupo, Keith Raniere. Este personaje fue detenido en Semana Santa en Puerto Vallarta, luego de haber pasado una larga estancia en la zona conurbada de Monterrey, Nuevo León. En las primeras informaciones del caso se aseguró que Raniere se había escondido en México desde que estalló el escándalo de las mujeres marcadas con identificaciones de NXIVM y agredidas sexualmente por el propio líder. Se habló, en ese primer momento, de que alguien había dado una protección poderosa a Raniere en México. Luego, de ese asunto tan delicado poco se ha vuelto a hablar. Un imperioso manto de silencio se ha extendido sobre un caso que en otras circunstancias merecería una implacable atención mediática.

Aun cuando no necesitan mostrarse en público ni en festejos cumpleañeros para tejer acuerdos políticos, el rencuentro grupal entre Peña y Salinas, publicado por el diario Reforma en su edición dominical, da cuerpo a la sensación extendida de que el sistema prepara una acometida feroz contra el delantero en la contienda por la Presidencia 2018-2024. Salinas fue, junto con Diego Fernández de Cevallos, el artífice del plan contra AMLO derivado de unos videos grabados por el argentino-mexicano Carlos Ahumada. Recientemente, el tabasqueño ha dicho que sólo si aconteciera algo muy grave podría suceder que él no ganara las elecciones presidenciales. Pero, agregó, toco madera, toco madera.

El tenso ambiente político del que se habla tuvo este domingo un episodio preocupante en Chihuahua, donde fueron agredidos con disparos de arma de fuego tres policías, miembros del equipo general de seguridad del gobernador Javier Corral, mientras éste jugaba golf. En el descompuesto mapa político del panista está, junto a muchos puntos oscuros (revestidos de una altisonancia demagógica con la que suele pretender Corral una fuga heroica de la realidad), el expediente judicial de la confabulación de funcionarios federales de Hacienda (Luis Videgaray, en su momento), dirigentes nacionales priístas (Manlio Fabio Beltrones, en aquellas fechas) y el entonces gobernador priísta César Duarte para triangular cuando menos 250 millones de dinero público a campañas del tricolor.

Horas antes de la agresión a los tres miembros de su equipo de seguridad, Corral había denunciado el mensaje de impunidad que se deriva del hecho de que la justicia federal hubiese asumido el control del proceso de los 250 millones de pesos. Pero ese traspaso del expediente quemante, para que sea la justicia federal la que archive el caso o exonere a los presuntos responsables, sería consecuencia natural de los arreglos entre el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el gobernador Corral para liberar más de 900 millones de pesos de participaciones hasta entonces retenidas.

En el rodaje de escenas mafiosas podría inscribirse también el episodio de la autoexoneración que se ha aplicado Ricardo Anaya, como si ya se hubiera llegado a un arreglo para que el gobierno federal olvide el expediente de la nave industrial queretana y otros negocios inmobiliarios del panista. Por sí mismo, Anaya ha dicho que es inocente, sin que haya revire alguno de la procuraduría federal de Justicia. Y ha arreciado su metralla declarativa contra la pieza de cacería de temporada, AMLO. ¡Hasta mañana!

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