Organizaciones feministas resaltaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el miércoles pasado determinó que todas las autoridades del país deben practicar la interrupción legal del embarazo cuando lo soliciten mujeres que hayan sido víctimas de violación sexual.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), organización que acompañó el caso de Marimar, quien interpuso el recurso de revisión, señaló que la negación de este servicio médico es una práctica muy grave en el país.

En el informe Violencia sin interrupción, realizado por esa organización, se expone que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2009 a 2016, se recibieron 111 mil 413 denuncias por violación sexual en las procuradurías de justicia locales y en la General de la República, cifras que contrastan con el número de procedimientos de aborto por violación que las secretarías de Salud locales y federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado reportan haber realizado durante el mismo periodo: tan sólo 63.

Yolanda Medina, abogada de Gire, señaló en entrevista que el desconocimiento de las leyes, en específico de la Norma Oficial 046, la cual señala que toda niña mayor de 12 años que haya sufrido una agresión sexual y resulte embarazada tiene el derecho de acudir a cualquier centro de salud público para interrumpir el embarazo, provoca la obstaculización en los derechos.

Recordó que las víctimas no sólo deben asimilar lo que les sucedió, sino también buscar justicia, además de vivir una constante revictimización.

Las adolescentes se sienten desesperadas; hay casos en los que atentan contra su vida, buscan ayuda en lugares donde no pueden brindarles una interrupción legal con los ciudados médicos que requieren.

Rodolfo Domínguez Márquez, coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, sostuvo que las víctimas de violación sexual no sólo se enfrentan a discriminación y funcionarios hostiles, sino también a un marco jurídico poco garante de sus derechos y que genera, además de los estigmas que ya hay en el tema, confusión en los operadores jurídicos.

Adriana Jiménez Patlán, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, señaló que pese a que la Norma Oficial 046 aplica en todo el país, en estados como Guerrero, Morelos y Jalisco no se cumple cabalmente.

No tiene que ver con las leyes, sino con una definición de ciertos funcionarios públicos que por sus pensamientos religiosos o creencias no quieren que accedan a ese derecho.