El pleno del Senado aprobó por mayoría reformas para aumentar de 20 a 30 años la pena de prisión a las personas que roben hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, y se les impondrá multa de 20 a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Asimismo, los legisladores respaldaron la minuta de la Cámara de Diputados que impone sanciones de 17 a 25 años de cárcel a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas de que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos.

Con estos cambios, se castiga también con pena de 10 a 14 años de prisión y multa de 10 mil a 14 mil veces el valor de Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien obligue o intimide a prestadores de servicios o que realicen cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada en esta ley.

Manuel Bartlett (PT) consideró que aumentar sanciones es una farsa, pues mientras no se castigue a los funcionarios responsables del robo de combustibles esto sólo es una cortina de humo.

Durante la sesión, también se aprobó reformar el artículo 51 del Código Penal Federal para aumentar hasta un tercio la pena cuando se cometa algún delito doloso contra defensores de derechos humanos con la finalidad obstaculizar sus labores.

En el dictamen aprobado se destaca que a partir de 2006 la situación de los activistas se ha vuelto cada vez más precaria, sin contar el riesgo que representa el ejercicio de su labor. Se argumenta que los defendores de las garantías individuales tienen mayor propensión a ser víctimas de amenazas de muerte, robo de equipos de cómputo, homicidio doloso y desaparición forzada, ente otros delitos, situación denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 2006 a la fecha se han registrado 29 homicidios de activistas, de lo que 13 corresponden a mujeres y cuatro han sido desaparecidos.

Se refiere también que en su informe 2012 sobre la situación de los defensores, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) documentó el homicidio doloso de 22 y cinco miembros de sus familias.

En tanto, se abunda en el dictamen, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos registró un total de 409 agresiones y 27 asesinatos, siendo Oaxaca y Guerrero los estados con mayor incidencia de casos.

Al presentar el dictamen ante el pleno, Héctor Flores Ávalos (PAN), presidente de la Comisión de Justicia, dijo que en el país hay un escenario lamentable de ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y de desaparición forzada contra activistas.

En tanto, la dirigente de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD), destacó la importancia de actualizar el Código Penal Federal para agravar las penas cuando se lleve a cabo un delito contra ese sector de la población.