Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) pidieron al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y a políticos que los incluyan en la mesa técnica que se pretende realizar para revisar la viabilidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Señalaron que están dispuestos a probar los daños que ha provocado el megaproyecto al patrimonio, la identidad y la cultura de comunidades, ejidos y pueblos originarios.

“Llevan menos de 10 por ciento de su plan de construcción y ya vemos las graves afectaciones: se acaban los cerros, roban nuestra agua, contaminan los suelos, abren caminos por nuestros ejidos y ocasionan accidentes, despreciando la voz y las necesidades de los habitantes. Sabemos que tienen en la mira el despojo y nuestra desaparición para edificar ahí sus hoteles y centros comerciales.

El agua, los cerros, la tierra, fauna, flora, aire y nuestra convivencia con este entorno no están a la venta; si su idolatría e intereses políticos no les alcanzan para ver el problema de manera integral y profunda, seguiremos insistiendo otros 17 años. Para entonces será un crimen de lesa humanidad por haber despreciado e ignorado la voz de los pueblos.

Julieta Lamberti, de la asociación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), indicó que hasta diciembre de 2017 se habían otorgado contratos a 235 empresas por un monto de 127 mil 600 millones de pesos, a pesar de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha recomendado al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que las licitaciones deberían ser públicas para la construcción de la nueva terminal aérea.

Acompañada por Ignacio y América del Valle, entre otros, dijo que cuando analizaron los 292 contratos nos damos cuenta de que 196 no se sometieron a concurso, sino que fueron adjudicados de manera directa a una empresa, lo que representa casi 90 por ciento de las obras.

Sandino Rivero, representante legal del FPDT, recordó que en enero pasado, el segundo tribunal colegiado del segundo circuito resolvió el recurso de revisión 383/2017, interpuesto contra la sentencia de la juez novena de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, quien negó el amparo contra la edificación del NAICM.

La impartidora de justicia ordenó que se amplíe la prueba pericial en antropología, a fin de verificar si los residentes son pueblos originarios, para determinar si pueden aplicarse los derechos fundamentales previstos en el artículo 2 de la Constitución.

La juez de amparo recabará de oficio la prueba pericial en topografía para comprobar si son vecinos de la zona donde se lleva a cabo la contratación, y una vez que se haya determinado, se practique la prueba pericial en materia de medio ambiente para resolver si los derechos que defienden se encuentran afectados.