Los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores –quien fue detenido por policías capitalinos en enero y después estuvo desaparecido cinco días– se encuentran en situación de riesgo de sufrir un daño irreparable, como resultado de la condición de salud mental en que se encontraría.

Con ese argumento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó que el Estado mexicano brinde medidas cautelares en favor del joven de preparatoria a fin de garantizar su integridad.

Así lo informaron en conferencia de prensa sus familiares y organizaciones civiles que acompañan este emblemático caso de probable desaparición forzada.

En la actualidad se encuetra hospitalizado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde, denunció Edith Flores, madre del menor, el trato no ha sido del todo humano: ha sido amarrado de brazos y piernas, se le ha suministrado gran cantidad fármacos (lo que se podría considerar como tortura farmacológica) y hasta ahora su familia no ha podido acceder al expediente clínico, por lo que desconocen el tratamiento que se le está brindando.

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México; Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y Simón Hernández, del Instituto de Justicia Procesal Penal, detallaron que se solicitó a la CIDH la emisión de medidas cautelares desde la desaparición del joven y, tras su aparición, se reconfiguró la petición a fin de salvaguardar su integridad física y sicológica.