l presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, replicó ayer al señalamiento formulado la víspera por la Procuraduría General de la República (PGR) respecto de que es a esa instancia, y no al ombdusman a la que corresponde, la investigación por la atroz agresión perpetrada en Iguala por efectivos policiales y delincuentes en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El encargado de despacho en la PGR, Alberto Elías Beltrán, había dicho el domingo que la función de la CNDH se limita a detectar si hubo violaciones a los derechos humanos, y no puede sustituir (a la PGR) en sus funciones, que están claramente determinadas en las normas jurídicas respectivas
. Lo anterior fue una respuesta indirecta al informe presentado la semana pasada por la entidad encargada de defender las garantías fundamentales en el país, en el que se estableció el incumplimiento de diversas recomendaciones y se demandó la formulación de un plan de trabajo para atenderlas.
En su réplica, González Pérez se preguntó si con lo que contesta la PGR ya está resuelta la procuración de justicia, ya se resolvió la impunidad
, y pidió una reacción más seria
a las observaciones por las acciones y omisiones que cometen los servidores públicos que violentan garantías humanas, como el derecho a la justicia y su procuración
.
En efecto, la tarea de la dependencia a cargo de Elías Beltrán es procurar justicia, en tanto, la misión de la que preside González Pérez es vigilar que los procedimientos no pongan en riesgo las garantías individuales y los derechos de las personas.
Pero, de acuerdo con señalamientos formulados por instancias nacionales e internacionales, organizaciones civiles, académicos y voces sociales diversas, la investigación por la barbarie perpetrada en Iguala el 26 de septiembre de 2014, no sólo ha sufrido de numerosas deficiencias, lo que implica una violación al derecho de las víctimas a la justicia, sino que hay indicios de que en el curso de ella se han atropellado los derechos de decenas de inculpados, muchos de los cuales, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pudieron ser víctimas de tortura para obligarlos a declarar relatos que se correspondieran con la versión oficial –la verdad histórica
, la llamó el ex procurador Jesús Murillo Karam– en el sentido de que en la agresión sólo participaron policías municipales e integrantes de una banda delictiva, y los 43 jóvenes que sufrieron desaparición forzada esa noche fueron asesinados e incinerados en el basurero municipal de la vecina Cocula. Por otra parte, la PGR ha sido renuente en extremo a seguir diversas líneas de investigación que podrían llevar al descubrimiento de otros actores materiales o intelectuales del ataque contra los normalistas, lo que equivale a una omisión lesiva para el derecho de las víctimas y de sus familiares al esclarecimiento y a la justicia.
No hay, pues, ninguna suplantación de funciones, como reclamó Elías Beltrán, sino observaciones puntuales de hechos que pueden considerarse violaciones a las garantías fundamentales, y en muchas de las cuales la CNDH coincide con las apreciaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos especialistas nacionales y extranjeros.
Sería lamentable que el asunto, de por sí complicado, llevara a una confrontación institucional entre el ombudsman y la instancia de procuración de justicia, pero si ello ocurriera sería porque la segunda ha fallado de manera repetida en el cumplimiento de sus funciones legales y no ha sido capaz, en los más de cuatro años transcurridos, desde la barbarie de Iguala, de realizar una pesquisa limpia de sospechas, presentar conclusiones verosímiles y consistentes, así como esclarecer los puntos oscuros de su propia investigación.
