Los activistas de organizaciones civiles, sobre todo los que defienden el derecho al agua, la tierra, el acceso a la justicia, al medio ambiente sano y al acceso a una vivienda digna, son blanco de criminalización y ataques sistemáticos por ejercer su labor, advirtió el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Otros defensores víctimas de agresiones, hostigamiento y persecución, incluso contra sus familiares, son quienes se encargan de temas de libertad de expresión, violencia contra las mujeres y derecho a tener una educación de calidad.

José Antonio Lara, coordinador de ese centro, señaló que los activistas que se oponen a megaproyectos como minas, presas o desarrollos inmobiliarios o turísticos suelen ser objeto de campañas de descrédito, en las cuales son estigmatizados como supuestos enemigos del progreso.

Frente a dichos señalamientos, el abogado aseveró que las comunidades rurales y los pueblos originarios no están en contra del desarrollo, pues únicamente exigen la realización de consultas previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas, antes de que se emprendan iniciativas que puedan afectar sus territorios.

Por todo eso, el activista hizo un llamado al Estado mexicano a garantizar un ambiente propicio y seguro para las personas defensoras de derechos humanos, pues aunque los diferentes niveles de gobierno saludan las aportaciones de los organismos civiles, en los hechos no cumplen con su obligación de protegerlos.

Lara pidió trabajar con mayor intensidad para contrarrestar la vieja pero todavía muy fuerte tendencia de estigmatizar y desprestigiar quienes ejercen la labor de defensa, quienes critican los poderes políticos y económicos.