En medio de un grave rezago legislativo, en el Senado se avanza para aprobar la minuta que sanciona con mayor severidad el robo de hidrocarburos; con penas de hasta 30 años de prisión y condenas no sólo para quienes sustraigan el combustible, lo comercialicen o almacenen, sino también para dueños de predios donde se deriven tomas clandestinas y a funcionarios que sabiendo del ilícito no lo denuncien a las autoridades.

Las comisiones de Justicia y Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda tienen listo el dictamen para aprobar sin cambios la minuta que recibieron de la Cámara de Diputados el 5 de septiembre de 2017, en la cual se propone reformar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos con el propósito de incrementar penas y multas a los llamados huachicoleros.

En la exposición de motivos, las comisiones dictaminadoras consideran que el aumento de la penalidad está dentro de los límites que establece el artículo 22 de la Constitución, ya que es derivado de la alta incidencia del delito, situación que pone en riesgo a los ciudadanos, ante el peligro que implica el manejo de combustibles y en virtud de que estas conductas se encuentran estrechamente ligadas a las actividades de la llamada delincuencia organizada.

Las penas de prisión y las multas se elevan y se establecen con base en el valor de lo robado. En la actualidad, van de 15 a 25 años de prisión y multa de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo. Se propone aumentarlas de 20 a 30 años de cárcel y multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Se aplica a quien disponga de petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios y distribuidores. Igualmente, para quien los compre, reciba o negocie y para quienes los almacenen.

Cuando la cantidad sustraída sea menor o equivalente a 300 litros, corresponderán hasta cinco años de prisión y multa de 4 mil a 6 mil unidades.

El robo de cantidades superiores de 2 mil litros de combustible ameritará de 12 a 17 años de prisión y multa de 12 mil a 17 mil veces el valor de la unidad. Hay agravantes, entre ellos cuando la sustracción del combustible es con violencia, se acumularán las penas.

Los funcionarios que “tengan conocimiento de la probable comisión de un delito y no lo denuncien deberán purgar de tres a siete años de prisión y pagar una multa de 6 mil a 9 mil veces la unidad. Ello independientemente de las sanciones aplicables conforme la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores público.

Igualmente, se impondrán de seis a ocho años de prisión y multa de 6 mil a 8 mil veces el valor de la unidad, al arrendatario propietario o poseedor de algún predio donde exista una derivación clandestina o tenga conocimiento de ello y no lo denuncie a las autoridades correspondientes.

Asimismo, la ley prevé de 12 a 20 años de cárcel para los contratistas, permisionarios o distribuidores que alteren los servicios de medición.