La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) presentará este jueves una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, cometidos por ex funcionarios en contra de la población civil de esa entidad durante el conflicto social que se vivió entre 2006 y 2007.

Entre los demandados se encuentran el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, además de diversos funcionarios de aquella administración estatal, como los que fueron secretarios de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Jorge Franco Vargas y Manuel García Corpus.

También se demandará a la ex procuradora estatal, Lizbeth Caña Cadeza, y al ex secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, quienes forman parte de una lista de más de cien funcionarios señalados como responsables en el informe de la Comisión de la Verdad sobre el mencionado conflicto.

En conferencia de prensa el ombudsman oaxaqueño, Arturo Peimbert Calvo, recordó que el movimiento social de 2006-2007 en Oaxaca comenzó con las demandas de la sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, pero se fue ampliando por la inconformidad de la población en general en contra de la forma de ejercer el gobierno por parte de Ulises Ruiz.

Asimismo, subrayó que esa administración recurrió a detenciones injustificadas y a acciones de grupos armados ilegales que causaron terror en la población. El resultado del conflicto, dijo, fue de más de 30 personas muertas, 311 detenidas arbitrariamente, 248 torturadas y por lo menos dos víctimas de desaparición forzada.

Al respecto, Flavio Sosa, quien participó de manera activa en las manifestaciones de ese entonces, dijo que los responsables directos y que deben ser juzgados por los crímenes que detalla el informe de la Comisión de la Verdad, son los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, además de Ruiz y Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública federal.

Para el activista social es importante que se interponga la denuncia ante una corte internacional, ya que es un compromiso de la Ddhpo ante el pueblo de Oaxaca, pero debe hacerse con los estándares internacionales y cuidando los requisitos para que pueda proceder, ya que a 12 años de los acontecimientos es necesario que haya justicia.

Agregó que son crímenes de lesa humanidad porque hubo asesinatos y una acción sistemática del Estado mexicano para desaparecer opositores. Recordó que Fox rompió el síndrome de Tlatelolco al atacar con el ejército a la población que protestaba contra Ruiz.

Hay precedentes de que una denuncia bien fundamentada ante una corte internacional prospere, como sucedió con Augusto Pinochet en Chile, pero aquí hubo muchos funcionarios estatales, sobre todo integrantes de los cuerpos policiacos y mandos medios que arremetieron contra los activistas y que son los responsables de lo ocurrido, como Sergio Segreste, quien mandó agredir a los manifestantes, indicó Sosa.