La lucha de los jornaleros de San Quintín por salarios dignos y prestaciones como su inscripción al Seguro Social cumplió tres años y el gobierno federal ha hecho caso omiso de todos los compromisos que firmó con estos trabajadores, ya que las autoridades no tienen palabra.

El Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas denunció lo anterior y sostuvo que continúan las vejaciones de parte de empresas, patronos y mayordomos contra estos trabajadores e incluso mujeres jornaleras sufren de agresiones sexuales por parte de sus empleadores, por lo que seguirán las movilizaciones y acciones de lucha de este sector.

Este gremio recordó que el 17 de marzo de 2015 cerca de 70 mil jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California, llevaron a cabo una huelga en demanda de mejores salarios, ya que les pagan por destajo, sin prestaciones, y laboran en condiciones deplorables, además de que hay mucho trabajo infantil en los campos agrícolas.

Expuso que la lucha es el único camino para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, muchos de ellos jóvenes, que laboran en el campo, ya que son sujetos a enganchadores que cobran incluso por colocarlos, les pagan salarios a destajo, sin ninguna prestación, los tienen viviendo en galerones en los que además les cobran la renta y sin servicios sanitarios adecuados, y con jornadas extendidas más allá de las 10 o 12 horas, todo lo cual es violatorio de la Ley Federal del Trabajo.

A todo ello se iba a dar respuesta según un acuerdo que firmó el gobierno federal –a través de las secretarías de Gobernación y del Trabajo–, con los jornaleros de San Quintín, el cual contemplaba 13 puntos que no se cumplieron, como: campaña de afiliación de estos trabajadores al Seguro Social; transparentar el pago de salarios y que se les entreguen en su lugar de trabajo y sin condicionarlos.

Vivienda digna, en condiciones de seguridad e higiene; alimentación; respecto a los derechos laborales y humanos sobre todo de mujeres y sus familias; certificación de empresas libres de trabajo infantil; programas sociales para este sector; creación de un fideicomiso de inversión para el desarrollo de la zona, con recursos de las empresas y los gobiernos estatal y federal y sobre todo salario mínimo digno para ellos. Nada se ha cumplido, a decir de dicho sindicato.

Lejos de ello, llegaron a la zona sindicatos de protección que, en contubernio con empresarios, obligaban a los jornaleros a firmar su adhesión a los mismos y firmarles documentos en blanco, so pena de que de no hacerlo, no tendrían trabajo, sostuvo esta organización.