Buenos Aires.

Una serie de escándalos sacude al gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri. Contando con la impunidad de una justicia servil, la Cámara de Apelaciones cerró la investigación –en el expediente retenido más de un año– sobre la firma de la vicepresidenta Gabriela Michetti en un memorando con Qatar, un contrato confidencial para desviar a una guarida fiscal 200 millones de dólares del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Administración Nacional de Servicios Sociales (FGS-ANSES), que dejó el gobierno anterior como seguridad para los jubilados.

A pesar de la gravedad de esta acción, denunciada por varios medios y sectores políticos de la oposición, hubo un silencio mediático y un fiscal que entendió que el acuerdo era sólo una expresión de voluntad.

En noviembre de 2016, el portal El Destape publicó los detalles de una negociación secreta del gobierno de Macri con el de Qatar con mediación del ex tenista Gastón Gaudio y cuyo amigo el financista Diego Nicolás Rosendi era uno de los candidatos para administrar el fondo de inversión compuesto por 200 millones de dólares del FGS-ANSES y unos mil millones de la Autoridad de Inversión de Qatar.

Por las denuncias de ese portal y del diario Perfil, la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y un grupo de diputados nacionales denunciaron penalmente a los involucrados en el memorando. En marzo de 2017, el juez Daniel Rafecas logró que el gobierno suspendiera su aplicación, y después desestimó la demanda al considerar que los delitos no se consumaron, lo que fue apelado por la fiscal Paloma Ochoa, considerando que Michetti, la ex canciller Susana Malcorra, el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y el entonces titular del FGS, Luis María Blaquier, firmaron un acuerdo que violaba de manera flagrante la legislacióin argentina.

La semana pasada se conoció que Jorge Macri, primo del presidente e intendente de Vicente López, firmó un contrato con una empresa considerada pantalla del narcotráfico, la sociedad International Trade Comerce SA, presidida por el colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz, prófugo desde 2015 y nexo del cartel Los urabeños. Los periodistas Ignacio Damiani y Julián Maradeo aportaron información que demuestra con pruebas y hasta copias de facturas firmadas por Duarte Díaz y pagada por la municipalidad de Vicente López dicha relación comercial.

Esto sucede cuando se descubre que el submarino ARA San Juan, desaparecido hace cuatro meses en el Atlántico sur, navegó cerca de las Islas Malvinas, algo que que la Armada había negado. En un artículo publicado en el diario La Nación, José María Costa señala que el submarino cumplía tareas de vigilancia a buques y aeronaves de las Malvinas, como reconoció el jefe de gabinete, Marcos Peña, cuando se entregó un informe confidencial de la Armada en el Congreso.

Los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan pidieron a Macri la renuncia inmediata del ministro de Defensa, Óscar Aguad, por sus desafortunadas e hirientes frases y su insensibilidad sobre esta tragedia, al haber declarado, por ejemplo, que el mar puede ser la tumba definitiva de los tripulantes y que en todo caso lo que importa son los seres vivos.