El informe del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el que revela que más de 30 acusados por el caso Ayotzinapa fueron torturados por policías y militares, confirma que este recurso ilegal aún es utilizado ampliamente para obtener confesiones autoinculpatorias, en vez de realizar investigaciones profesionales y basadas en evidencias científicas, señalaron integrantes de organizaciones civiles.

Javier Monroy, coordinador general del Taller de Desarrollo Comunitario, afirmó que la tortura y los malos tratos son prácticas que no cesan en México, incluso se han intensificado en años recientes por falta de capacidad de investigación de las policías y para encubrir a los verdaderos responsables de diversos agravios.

En el caso de Ayotzinapa desde el principio fue evidente que el proceso se ha llevado de manera turbia, con la intención de fabricar culpables y encubrir a los perpetradores. Este informe de ONU-DH es importante, porque contribuye a fortalecer las líneas de investigación que sostienen los padres de los normalistas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, indicó.

Con respecto a la manera en que la tortura afecta la solidez de una investigación, Monroy enfatizó que de ninguna manera puede proceder cuando así se obtuvieron testimonios, por lo cual el informe de Naciones Unidas obligará al Estado mexicano a dar respuestas sobre el tema y no dar por concluida la indagatoria, siempre y cuando la sociedad tenga capacidad de presionar y movilizarse.

Por su parte, Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, coincidió en que la tortura es una práctica sumamente arraigada entre los cuerpos de seguridad en México, y se utiliza de forma indiscriminada en contra de personas sujetas a investigación, pero también contra muchas que no tienen relación alguna con hechos delictivos.

El gran problema de torturar a personas para hacerlas confesar cosas que no hicieron es que no sólo hay una injusticia contra la víctima de tortura, sino también contra quienes sufrieron un delito, porque se deja de investigar quién fue el verdadero culpable, destacó.

Por otra parte, el activista subrayó que la comisión de malos tratos en contra de un detenido no sólo es responsabilidad de quien los comete directamente, sino también de los altos mandos que ordenan o toleran dicha práctica. Si estos eslabones de la cadena no son castigados, situaciones tan graves como la de Ayotzinapa se van a seguir perpetuando.