La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que incorporará el informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sobre el caso Ayotzinapa, que señala que 34 detenidos fueron torturados para obligarlos a autoincriminarse o señalar a otros por su participación en los hechos.

En un comunicado, el organismo público indicó que va a incorporar el informe titulado Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa a su propio expediente para ser valorado de manera integral con los demás elementos de convicción agregados al mismo.

En ese contexto, la CNDH recordó que hasta el momento ha radicado y tramitado 72 quejas interpuestas por los acusados de cometer la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. De ellas, cuatro son por maltrato en la detención, 11 por detención arbitraria y 57 por comisión de actos de tortura.

Para la debida integración de los expedientes sobre estos casos, la CNDH indicó que ha realizado diversas diligencias, entre las que destacan evaluaciones médicas y sicológicas colegiadas por parte de un equipo pericial interdisciplinario, que han incluido la aplicación del Protocolo de Estambul en todos los casos relativos a presunta tortura o malos tratos.

De igual manera, subrayó el organismo, se han formulado requerimientos de información a la Procuraduría General de la República, a distintos centros federales de readaptación social y a juzgados federales sobre las actuaciones relacionadas con las puestas a disposición y declaraciones de los detenidos.

Además, se han solicitado certificaciones médicas, opiniones de mecánica de lesiones, valoraciones sicológicas, material videográfico y expedientes penitenciarios.

La CNDH recordó que en algunos casos ha existido dilación de las autoridades para cumplir con lo solicitado, lo cual ha hecho más difícil la integración de los expedientes y ha incidido en la dinámica de la investigación en curso.

En 2015, la CNDH emitió un informe sobre la manera en que la PGR desarrollaba la investigación, y advirtió que este organismo de seguridad había dejado de realizar diversas acciones necesarias para resolver la desaparición forzada de los normalistas.

Entre las diligencias no concretadas se encuentran la georreferenciación de mensajes y llamadas telefónicas recibidas en los celulares de los familiares de los normalistas, así como la ampliación de declaraciones ministeriales de policías federales y militares que se encontraban destacamentados en Cocula e Iguala en la fecha del ataque a los 43.